El Gobierno Nacional confirmó que la obra pública seguirá congelada en 2025 tras alcanzar el “superávit financiero” con un ajuste drástico del gasto que dejó a la inversión en infraestructura en su nivel más bajo desde 2003, lo que provocó la caída de unas 4.000 empresas constructoras y la pérdida de 80.000 empleos.

La decisión oficial fue ratificada por fuentes de la Casa Rosada, que descartaron cualquier posibilidad de incrementar la inversión en obra pública y señalaron que serán las provincias las responsables de financiar proyectos de infraestructura. “No pasa solo porque no hay plata, es una concepción de este Gobierno, salvo contadas excepciones las obras las tienen que hacer las provincias”, afirmó un funcionario del Ejecutivo nacional.

Según un informe de la consultora PxQ, fundada por el exviceministro de Economía, Emmanuel Álvarez Agis, la partida de gastos de capital cayó un 77% en 2024 y fue la más afectada dentro del ajuste a la obra pública, seguida por las transferencias a provincias, que se redujeron un 68%, otros gastos corrientes con una baja del 66% y los subsidios económicos, que cayeron un 34%.

En ese marco, según los datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), el impacto del ajuste sobre el sector privado fue por demás contundente. Para octubre de 2024, la cantidad de empleadores se redujo en un 9,2%, lo que representó la desaparición de alrededor de 4.000 empresas en un año. A su vez, el Instituto Argentina Grande, que agrupa técnicos vinculados al exministro Gabriel Katopodis, estimó una pérdida de 80.000 empleos en el sector.

En tanto, el proyecto de Presupuesto 2025, que presentó la administración libertaria pero que finalmente el Congreso no trató, preveía nuevos recortes en las transferencias a provincias y municipios, y solo una recuperación mínima en la partida de gastos de capital con respecto a lo ejecutado en 2024. Sin embargo, desde el Ejecutivo indicaron que ese documento ya quedó desactualizado y que el rumbo económico seguirá centrado en mantener el superávit fiscal.

“Lejos de avanzar en una suba del gasto o la inversión, el Gobierno aprovechará el margen fiscal que se vaya obteniendo para bajar impuestos”, explicó un funcionario de la Casa Rosada, que incluso ironizó al respecto. “Cuando se haga la canción de Milei lo hizo, no se mencionarán rutas ni puentes”.

Obra pública: la respuesta del sector privado frente al recorte nacional

Desde el sector privado, la preocupación es creciente. El presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, Gerardo Fernández, aseguró que 2024 fue “el peor año de la historia del sector” y que la situación solo puede mejorar. “Las rutas están destrozadas, la infraestructura está saturada, alguien se va a tener que hacer cargo de esta situación”, advirtió.

En ese contexto, el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) registró en noviembre de 2024 una caída del 23,6% interanual. No obstante, desde el sector sostienen que ese número está distorsionado por la reactivación en Vaca Muerta y que, sin ese factor, la caída sería aún más pronunciada en el resto del país.

Una de las principales demandas de las pymes constructoras es que se definan los contratos de las obras iniciadas en la gestión anterior, ya que muchos proyectos tienen un avance superior al 80%, pero la falta de fondos los dejó truncos. En lugar de exigir que se reactiven, las empresas piden que al menos se tomen decisiones claras por parte de la actual conducción nacional y, si es necesario, se rescindan los contratos.

Ante el retiro del Estado nacional, las miradas se vuelcan hacia las provincias. En ese sentido, los empresarios del sector especulan con que los gobernadores, que este año electoral cuentan con mayores recursos, puedan asumir la responsabilidad de continuar algunas obras. Sin embargo, sin financiamiento del Ejecutivo, las posibilidades de avanzar en grandes proyectos de obra pública son limitadas.