El diputado y presidente de la comisión de Intereses Marítimos, Portuarios y Pesca, en la Legislatura bonaerense, Gustavo Pulti, denunció en las últimas horas graves irregularidades en la licitación a 30 años de la Hidrovía, que impulsaba la administración nacional, a cargo de Javier Milei.

“Las principales empresas del mundo no se presentaron porque es un escándalo, es una licitación totalmente irregular, viciada y armada a medida“, sostuvo Pulti, quien exigió transparencia y control público efectivo en la licitación de la Hidrovía.

Incluso, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) alertó sobre graves irregularidades en el llamado a licitación de la Hidrovía, como la falta de intervención del Ministerio de Economía, la ausencia de dictamen jurídico previo y la integración de una Comisión Evaluadora sin idoneidad.

En ese contexto, el ex intendente de General Pueyrredon advirtió que los plazos de presentación en la licitación de la Hidrovía fueron exiguos, impidiendo la participación de empresas con capacidad real de competencia. Además, el contrato permite la cesión del negocio a terceros, lo que abre la puerta a maniobras especulativas.

“El repudio no es solo político, la PIA advierte sobre las consecuencias económicas, ambientales y geopolíticas de esta licitación y anticipa su deriva en la justicia penal“, explicó Pulti.

Además, el diputado bonaerense señaló que el esquema licitatorio prevé una concesión de 30 años prorrogable por otros 30 años “consolidando un monopolio sin control de las provincias ni estudios ambientales actualizados”.

Vale señalar que, el proceso de licitación de la Hidrovía avanzó sin la participación de las provincias afectadas, a pesar de que la Constitución Nacional les otorga dominio originario sobre sus recursos naturales.

Tampoco el Ejecutivo nacional realizó evaluaciones ambientales actualizadas, ya que el único estudio disponible data de 2014 y no contempla cambios en los ciclos hidrológicos ni nuevas obras.

“Nos dirigimos a los gobernadores de las provincias afectadas para alertar sobre las consecuencias de esta entrega de nuestra soberanía, que compromete los intereses productivos de la Argentina por los próximos 60 años”, enfatizó Pulti.

En ese marco, el legislador exigió la suspensión inmediata de la licitación de la Hidrovía y su reformulación desde cero, con un esquema que garantice competencia real, participación de las provincias y control estatal efectivo.

“No podemos permitir que la principal vía de comercio exterior del país sea entregada sin planificación ni controles. Debemos frenar esta maniobra y establecer un esquema que responda a los intereses del país, no a negocios privados“, concluyó el diputado bonaerense.

En paralelo, a la presentación del proyecto de declaración de Pulti, el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, declaró nula la licitación de la Hidrovía Paraguay-Paraná, tras acusar a la única empresa oferente de haber actuado de manera ilegal, por lo que pidió que se investigue el proceso.

“La única oferta presentada fue la de DEME, que se ocupó de teñir el proceso de denuncias de faltas de transparencia, demandas ante la Justicia y otras acciones, que desistieron pocos días antes”, anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de una conferencia de prensa.

En ese marco, Adorni destacó que la Hidrovía es “una de las reservas hídricas más importantes del mundo” y la principal vía de exportación del país, utilizada para transportar el 80% de los bienes exportados por Argentina. “Es por ello que necesita contar con un operador capacitado bajo los más altos estándares internacionales y el mejor precio”, agregó.

Según señaló Adorni, desde el inicio del proceso, el Ejecutivo se comprometió a realizar una licitación “transparente y competitiva”. Sin embargo, denunció que, durante el procedimiento de licitación, hubo “presiones” de sectores políticos, empresariales y mediáticos para modificar los requisitos técnicos del pliego.

En ese contexto, pese a la inscripción de 11 empresas en el proceso y la existencia de consultas formales e informales sobre la participación de más compañías, ninguna otra presentó oferta además de DEME.

Ante esto, el Gobierno ordenó una investigación para determinar si DEME ejerció presiones sobre otros competidores o si hubo una posible asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.