En poco más de un mes llegará una fecha clave para el sistema previsional, respecto del cual -y pese a la situación crítica- el Gobierno Nacional no prevé impulsar un debate en los próximos meses, según lo indicado por el presidente Javier Milei. Desde el 23 de marzo, las personas que lleguen a la edad mínima de retiro (60 años las mujeres y 65 los varones) y no hayan reunido 30 años de aportes, ya no podrán jubilarse si no regularizan previamente su situación, algo que en muchos casos será muy difícil, dado el escenario social y la crisis de calidad del mercado de trabajo.

La magnitud del efecto del fin de la moratoria previsional puede estimarse teniendo en cuenta que en 2024 el 75% de las jubilaciones dadas de alta por la Anses fue para personas que recurrieron a ese plan, por falta de aportes: fueron 313.950 casos sobre un total de 427.505, según datos de la Subsecretaría de Seguridad Social.

Al menos desde 2010, de acuerdo con la estadística disponible, cada año la mayoría de las nuevas jubilaciones tiene moratoria, en tanto que dos tercios de las prestaciones que están en curso de pago fueron obtenidas por ese sistema (son más de 3,8 millones de jubilaciones). Ese universo es muy heterogéneo: hay personas que casi no tuvieron aportes y hay quienes contribuyeron, por ejemplo, durante más de 20 años, pero no llegaron a lo que exige la ley.

En la fecha ya mencionada dejará de regir la moratoria establecida por la ley 27.705. Y quienes no tengan los aportes exigidos ni puedan regularizar su situación deberán recurrir a la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), a la cual se accede a los 65 años de edad (varones y mujeres por igual) y que este mes es de $288.469, con bono de $70.000 incluido. En el sistema contributivo, el haber mínimo más el refuerzo es de $343.086 bruto y de $334.894 en mano, pero quienes se jubilan por moratoria cobran menos, porque durante los primeros años de la prestación se descuenta una cuota.

El sistema surgido de la norma aprobada en 2023 les permite, a quienes tienen edad jubilatoria, comprar aportes por períodos mensuales previos a 2009. Y, en lugar de pagar por esa adquisición, se obtiene una prestación de la cual se descuenta un monto durante un lapso de hasta 120 meses, para saldar la obligación que se declaró tener con el Estado.

Una ley y dos sistemas diferentes

Es la misma norma votada por el Congreso la que definió que accederían a ese plan las mujeres y los varones que ya tenían 60 o 65 años, respectivamente, en marzo de 2023, y los que cumplieran esas edades en los siguientes dos años. El período de vigencia es prorrogable, según la ley, por dos años más. Pero desde el Gobierno se afirmó ya varias veces que no se prolongará la vigencia. Más aún: cuando se debatió la Ley Bases, en 2024, el Poder Ejecutivo buscó que se diera de baja de inmediato la moratoria previsional, pero no logró los votos para aprobar tal cosa.

La ley, que lleva el número 27.705 y se denomina “Plan de pago de deuda previsional” establece, en rigor, dos sistemas diferentes para la adquisición de aportes. En ambos casos el precio de cada mes comprado es el mismo; en el actual febrero es de $26.672,9 y en marzo se reajustará en un 2,21%, siguiendo la inflación de enero

Así, por ejemplo, si se adquiere un año entero de aportes, el costo será de $320.074,8 si la adhesión se hace en febrero, y de $327.148 si se hace el mes próximo.

El primero de los sistemas es el que caerá el 23 marzo y está destinado a quienes ya tienen la edad de jubilación. Es de la “unidad de pago de deuda previsional”, según la denominación dada por la ley.

Además de tener la edad de retiro, se exige haber residido en el país en los meses por los que se pretende comprar aportes. Esos períodos deben ser anteriores a 2009 y no previos a que la persona cumplió 18 años de edad. Dado este límite temporal, una mujer que cumple 60 años este mes, por ejemplo, puede incluir en la moratoria 25 y 11 meses, de los 30 que requiere el sistema (por ser mujer, además, podría contabilizar años por hijos, en caso de tenerlos).

La compra de aportes implica contraer una deuda con el Estado, pero, salvo excepciones, eso no implica tener que hacer un pago efectivo. En rigor, una vez aprobado el trámite, la Anses otorga el beneficio y durante un período se descuenta del haber mensual un importe actualizable, para ir saldando la obligación. Ese sistema de cuotas no aplica si la persona, por sus ingresos o su patrimonio, no pasa una evaluación socioeconómica, aunque para este caso la ley previó que igualmente se puedan comprar aportes y pagarlos antes de pedir el beneficio.

Compra de aportes durante la edad activa

El otro plan de la ley está dirigido a las personas a las que les falta 10 años o menos para la edad de jubilación. Es decir, a mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años. En este caso la ley no prevé una vigencia limitada en el tiempo.

Así, las personas que estén en condiciones pueden y podrán adquirir las denominadas “unidades de cancelación de aportes previsionales para trabajadores y trabajadoras en actividad”. Cada una de esas unidades vale por un mes de contribución y pueden comprarse períodos previos a abril de 2012, siempre a partir de que se hayan cumplido los 18 años y se haya estado en el país (y sin trabajo formal) en el mes al que correspondan los aportes.

Por ejemplo, una mujer que hoy tiene 55 años y cumplió sus 18 años en febrero de 1988, podría adquirir hasta 24 años y 2 meses de aportes. Otro caso: un varón que cumple este mes 60 años podría comprar hasta 29 años y 2 meses (la totalidad del período, si se adquiriera todo de una vez, tiene un precio este mes de $9.335.515). El plan, en rigor, parece adecuado para quienes tienen algún faltante de aportes no demasiado amplio y no quieran o no puedan esperar más tiempo, más allá de la edad mínima requerida, para acceder a la jubilación (un tiempo durante el cual podrían seguir contribuyendo sin el sistema de comprar aportes).

Cada mes adquirido durante febrero cuesta $26.672,9. Comprar 5 años, por ejemplo, cuesta $1.600.374, y 10 años, $3.200.748. Al igual que ocurre con los haberes de la Anses, el valor se actualiza por inflación.

¿Cómo funciona el sistema? La persona interesada debe pedir un turno para ir a una unidad de atención de la Anses. Si se tuvo algún trabajo en relación de dependencia, ese día se deben llevar las certificaciones de servicio (documentos que otorga el empleador con los datos de las remuneraciones). También se puede hacer una solicitud de reconocimiento de aportes en el organismo, todo ello para que esté disponible la información sobre cuáles son los períodos por los que hay aportes.

En el trámite presencial se decide la compra de aportes según la historia previsional. No se hace ninguna evaluación socioeconómica y, en caso de estar de acuerdo con el plan, se emite un VEP (volante electrónico de pago) para saldar la operación de compra de aportes. El pago puede hacerse hasta el último día del mes en que se hizo el trámite. Si no se abona, no ocurre nada (no se genera una deuda con el fisco).

Luego de abonar, hay que esperar 72 horas para verificar que se hayan acreditado los aportes; esto puede hacerse en la página de la Anses, ingresando con la clave personal desde la solapa “Mi Anses”.

Una historia de 20 años

Hay otra moratoria en curso: la de la ley 24.476, pero las posibilidades de ingreso se redujeron fuertemente con el paso del tiempo, porque solo pueden cancelarse deudas por meses previos a octubre de 1993.

Por eso, y luego de diferentes mecanismos que rigieron desde 2005, en los últimos dos años se recurrió mayoritariamente al plan de la ley 27.705 que ahora perderá vigencia. En 2024, tres de cada cuatro nuevas jubilaciones que otorgó la Anses fueron para quienes recurrieron a la moratoria. Y también tuvo ese plan la mitad de las pensiones por fallecimiento que se tramitaron

El protagonismo de esas jubilaciones no es nuevo: en 2022 y en 2023 el 65% y el 81% de las altas había requerido de ese régimen. Y dos tercios de las jubilaciones hoy en curso de pago tuvieron moratoria .

La marcada incidencia de ese grupo de prestaciones es un eco de los problemas sociales y laborales de larga data, y está también vinculada al hecho de que la normativa previsional está desacoplada de esa realidad. A la par del avance de las moratorias, que son de naturaleza transitoria, no se le dio siquiera un principio de solución al elevado índice de informalidad laboral, que es un problema enraizado en la Argentina, ni se revisó el requisito de tener un mínimo de 30 años de aportes para jubilarse, una norma rígida que no contempla la situación, por ejemplo, de quien hizo contribuciones durante 20 o más años (no existen prestaciones proporcionales a los años aportados cuando no se alcanza la exigencia básica).

Entre las jubilaciones percibidas en 2024 por mujeres, el 79,4% (2.831.802, según el promedio mensual) tiene o tuvo plan de moratoria. Entre las correspondientes a varones, ese índice es bastante más bajo, aunque de todas formas significativo: el 47,5% de las prestaciones jubilatorias (981.752 sobre 2.065.658) tuvo planes de pago de aportes.

Los beneficios con moratoria son, por lo general, de los más bajos del sistema, aunque hay algunos de montos medios. En diciembre último, entre las personas que cobraron el equivalente al haber mínimo más el bono de $70.000, el 87,4% obtuvo su jubilación con moratoria.