El escándalo por la supuesta megaestafa digital ligada a la plataforma $LIBRA cruzó las fronteras y llegó a las autoridades de Estados Unidos. El Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) recibieron al menos una denuncia penal contra los principales implicados en la maniobra que habría generado entre 80 y 100 millones de dólares en ganancias ilícitas.

El informe presentado ante las autoridades estadounidenses menciona de manera explícita a varios actores clave, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei. También se apunta contra Hayden Mark Davis (de nacionalidad estadounidense), Julian Peh (de Singapur) y los argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, este último de origen español.

Uno de los puntos más llamativos del caso es la presunta vinculación con Kelsen Ventures, una firma que no figura en registros comerciales o societarios, lo que genera dudas sobre su existencia real. Además, no hay información relevante sobre Hayden Mark Davis, y la denuncia plantea sospechas de que se trate de una identidad falsa.

Según los denunciantes, los inversores no recibieron ninguna garantía o protección habitual en operaciones financieras legítimas. No se implementaron políticas de prevención de lavado de dinero, análisis de riesgo, historial crediticio ni verificación de identidad para la apertura de cuentas en la plataforma KIP Protocol

La investigación en Argentina y EE.UU.

En Argentina, la causa recayó en el Juzgado Federal a cargo de la jueza María Servini, mientras que en Estados Unidos la denuncia criminal fue presentada ante el Departamento de Justicia. El estudio jurídico Moyano & Asociados, especializado en fraudes financieros y con antecedentes de cooperación con el FBI y la agencia de inmigración ICE, fue el encargado de elevar la presentación.

La denuncia también fue enviada a la Comisión de Valores de EE.UU. (SEC), advirtiendo que las empresas involucradas, Kip Network Inc y Kelsen Ventures, no están registradas ni autorizadas como entidades financieras en el país. Además, se argumenta que la plataforma KIP Protocol opera desde EE.UU., y que varias víctimas del presunto fraude son ciudadanos estadounidenses.

El abogado Mariano Moyano Rodríguez, quien en el pasado logró que la familia Peirano enfrentara consecuencias judiciales en Nueva York y que actualmente representa a 2.500 damnificados por la estafa de OmegaPro, destacó la magnitud del caso y su alcance internacional.

La denuncia insiste en que Javier Milei habría promovido la inversión en $LIBRA y otros emprendimientos similares que resultaron en fraudes, por lo que se solicita una investigación sobre su rol en la presunta estafa.