Desde su asunción en diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei ha implementado una política de recortes en la administración pública que ha resultado en la pérdida de 43.778 puestos de trabajo en empresas estatales y organismos públicos.

Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre diciembre de 2023 y enero de 2025, la reducción de personal en la Administración Pública Nacional alcanzó un 12,8% en total, evidenciando un ajuste drástico bajo el argumento de “reducir el tamaño del Estado”.

El CEPA detalló que los despidos afectaron principalmente a empresas públicas, sociedades estatales y organismos descentralizados, publicó el sitio de noticias del diario "Ámbito".

Entre los sectores más impactados, se destacaron el Desarrollo de Capital Humano Ferroviario (con un recorte del 99,7%), la Agencia de Publicidad del Estado SAU (ex Télam) con un 79%, y la Enarsa Patagonia SA, con un 66,7%. Otros organismos, como el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y Educar SE, también experimentaron reducciones significativas, del 60% y 52,7% respectivamente.

El informe no sólo destacó la magnitud de los despidos, sino que también resalta el impacto en sectores clave para el bienestar social y económico del país. El Correo Argentino lideró la lista con 4.705 despidos, seguido por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (1.694), Aerolíneas Argentinas (1.558), y AySA (1.463). También se reportaron recortes en instituciones como Conicet (1.422) y Anses (1.272).

Además, el ajuste en el sistema ferroviario se reflejó con los 2.400 despidos en la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y el Desarrollo de Capital Humano Ferroviario.

Otro de los sectores más afectados por estos recortes ha sido el ámbito de la salud pública, particularmente el Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones Laura Bonaparte, que vio reducida su dotación en un 52%. La comunidad hospitalaria ha comenzado a movilizarse en defensa del centro de salud, que enfrenta también un proceso de cierre impulsado por el gobierno.

El CEPA concluyó que esta política de "desguace del sector público" tiene como objetivo explícito reducir, no sólo el tamaño del Estado, sino también sus capacidades regulatorias y de gestión, alineándose en el modelo económico libertario del actual mandatario.