La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 15, Karina Andrade, ordenó durante la madrugada del jueves la inmediata liberación de 114 personas detenidas durante la brutal represión de las Fuerzas de Seguridad nacionales a la manifestación en los alrededores del Congreso Nacional.

La brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad a jubilados e hinchas que protestaban este miércoles en las inmediaciones del Congreso contra el ajuste del gobierno de Javier Milei dejó un saldo de 124 detenidos y otros tantos aprehendidos por la Policía Federal.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, desplegó el operativo “antipiquete” con cerca de mil efectivos de distintas fuerzas federales fuertemente equipados. También movilizaron camiones hidrantes y a la policía motorizada. Manifestantes no identificados prendieron fuego contenedores de basura, un patrullero y una moto de la policía porteña.

Los enfrentamientos dejaron 124 personas detenidas, entre ellos el secretario general de ATE-CABA, Daniel Catalano, y 20 heridos, uno de ellos hospitalizado en grave estado. Los manifestantes prendieron fuego un patrullero y más de 70 contendores de basura.

“Respecto de las detenciones informadas se encuentra en juego un derecho constitucional fundamental como es el derecho a la protesta, a manifestarse en democracia y a la libertad de expresión”, señala Andrade en su resolución, en la que advierte que los adultos mayores son parte de los “sectores más vulnerables de nuestra Nación” y que están “protegidos convencionalmente”.

Se trata de 71 hombres y 23 mujeres que fueron apresados por la Policía porteña. La mayoría había sido aprehendida por atentado y resistencia a la autoridad.

“Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia”, explica la jueza y expresa que se dispone “la inmediata soltura de los detenidos”.

La unidad de flagrancia pretendía hacer un operativo de salud con médico legista sobre cada uno de los detenidos, lo que hubiera implicado una extensa demora en las liberaciones. Por ese motivo, se ordenó que la soltura sea inmediata y se solicitó a la fiscalía que informe si quedan aún personas detenidas.