La Justicia imputó este lunes al ex intendente de La Plata, el dirigente del PRO, Julio Garro, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada a la autorización ilegal de 400 barrios privados en la ciudad. La investigación en su contra también incluye cargos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

En el marco de la causa, se llevaron a cabo allanamientos en diversas propiedades y oficinas vinculadas a exfuncionarios municipales y empresarios del sector de la construcción. Entre los domicilios allanados se encuentran las sedes de las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cía. SRL, Solvial Construcciones y Agrycon S.A., las cuales habrían tenido un rol clave en la aprobación irregular de los proyectos urbanísticos.

De acuerdo con la investigación, se detectó un esquema en el que se exigía a los desarrolladores la contratación de una empresa constructora, presuntamente propiedad de funcionarios de la gestión de Garro, para la urbanización de los barrios. Asimismo, se investiga la relación del ex intendente y su entorno con la inmobiliaria ONE, con operaciones en City Bell y Punta del Este, sospechada de comercializar terrenos de estos emprendimientos irregulares.

Según consta en la causa, el perjuicio económico ocasionado por estas maniobras asciende a aproximadamente 700.000 millones de pesos, con un volumen total de operaciones inmobiliarias estimado en 1.500 millones de dólares.

Entre las pruebas recabadas se encuentran documentos alterados en expedientes municipales, sobreprecios en obras públicas y desvíos de fondos en convenios urbanísticos.

El fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción N°16, Juan Cruz Condomí Alcorta, solicitó las medidas de allanamiento, registro y secuestro de documentación con el objetivo de avanzar en la investigación y determinar el grado de responsabilidad de los involucrados.

La Justicia continuará con la recopilación de pruebas y no se descartan nuevas imputaciones en el marco de esta investigación que pone en jaque la legalidad de cientos de desarrollos inmobiliarios en la ciudad.