“Mirada ciudadana” y “Surfrider Argentina”, dos asociaciones civiles sin fines de lucro, sumadas a vecinos que se sienten afectados, presentaron una demanda ante la Justicia frente a la autorización concedida para erigir una torre de en un barrio residencial limitado por las máximas restricciones distritales en los que sólo se permiten 7 metros de altura, exigiendo la anulación de tal excepción. Dicha presentación se efectuó bajo el patrocinio de la doctora María Soledad Arenaza.

El caso que da origen a la demanda afecta la manzana comprendida por las calles Falucho, Aristóbulo del Valle, Gascón y Alem y de erigirse una torre de 35 pisos -que implica una altura de más de 127 metros- se constituiría en el edificio más alto de la ciudad, superando al Demetrio Elíades (Havanna) o a las torres de Pelli en Playa Chica.

Semejante volumen edificado no sólo fracturaría de manera definitiva el perfil urbano costero de una de las zonas más identitarias de Mar del Plata sino que atentaría contra la calidad de vida de miles y miles de residentes en ese barrio (Stella Maris), dañando con los tubos de viento a todo su entorno y con conos de sombra a muchísima distancia hacia hacia el oeste por la mañana y el este por la tarde. Se impactará el litoral costero, principal recurso turístico de la ciudad. Dejando en penumbra a uno de los sectores más utilizados por turistas, deportistas y marplatenses en general en la zona de cabo corrientes.

La excepción fue aprobada en el Concejo Deliberante merced a los votos del interbloque oficialista de Juntos por el Cambio y de La Libertad Avanza.

Oídos sordos a pesar de las denuncias

Desde el exacto momento en que se dio a conocer la excepción para construir la mencionada torre, numerosas fueron las voces que se alzaron denunciando que ello atentaría no sólo contra el paisaje urbano y del patrimonio arquitectónico de la ciudad sino también con la calidad de vida de residentes y turistas. Expresiones de vecinos afectados en una sesión del Concejo Deliberante no fueron escuchadas por quienes luego terminaron aprobando la excepción.

Tampoco importó que personalidades de orden nacional hayan alzado su voz. El constitucionalista Daniel Sabsay no dudó en calificar de “monstruosa” a la torre de marras y se preguntaba “cuál es el sentido de destruir absolutamente el patrimonio edilicio de la ciudad”, sosteniendo que “los vecinos deben unirse para defender a Mar del Plata”.

El filósofo Santiago Kovadloff sostuvo que “no es este un proyecto de construcción sino de destrucción. Llegar tan alto para caer tan bajo sólo puede interesar a quienes ven en el contexto un pretexto para lucrar a cualquier precio. No nos oponemos al progreso sino a la barbarie. Tal como la ley lo hará si responde al ideal de la Justicia”.

El psicoanalista Gabriel Rolón luego de afirmar que está convencido “de que el poder del dinero no puede avasallar la calidad de vida de los habitantes de una ciudad” menciona que no es marplatense pero que se siente marplatense “Como millones de argentinos que también la siente suya. El negocio de unos pocos no debe llevarse por delante el patrimonio paisajístico y ambiental de Mar del Plata”.

El filósofo Darío Sztajnszrajber expresó que “parece que Mar del Plata quiere dejar de ser Mar del Plata. Quienes hoy guían sus pasos se empecinan en disfrazarla de Miami, Singapur o Dubai, lo que por fortuna todavía no han logrado del todo” y agregó que “la decisión de perder esa identidad y transformarse en otra cosa no puede estar en manos de unos pocos que privilegian el negocio a expensas de la calidad de vida de todos los vecinos”.

Tampoco personalidades del arte como Susana Rinaldi o el director de orquesta Carlos Vieu dejaron de oponerse a la construcción de la torre. Este último lamentó que “el dinero y los negocios entren en juego…barriendo leyes, normas, patrimonio, respeto y consideración hacia el vecino”.

Por último cabe mencionar que nada menos que el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP, recomendó no sea aprobada la excepcionalidad a este proyecto “y se revea esta posibilidad en futuros proyectos similares”.

Las violaciones a las leyes

Las ONGs denunciantes señalaron en un comunicado acercado a Cazador de Noticias, que “entre los múltiples argumentos que se esgrimen como respaldo al pedido de anulación de ese permiso de construcción figuran violaciones a las normas constitucionales nacionales, provinciales y municipales en materia medio ambiental, de patrimonio arquitectónico y de ordenamiento territorial.

“La opción de judicializar el tema deviene necesaria dado lo inútil que resultaría la impugnación de cualquier procedimiento en sede administrativa, es decir en la Municipalidad, en virtud de que es el secretario de Obras y Planeamiento Urbano (quien ya se expresó favorablemente a la excepción al expedirse a través de la Dirección de Ordenamiento Territorial y el Área de Preservación Patrimonial) en conjunto con el intendente municipal quienes elevan el pedido de excepción al Honorable Concejo Deliberante.

“Además, y como dato a tener en cuenta que “el estudio de impacto urbano ambiental preliminar presentado por la Fiduciaria Paisajes Urbanos S.A. (es decir la empresa constructora) ha sido elaborado por la arquitecta María Emilia Luján Muller, esposa del Secretario de Obras y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de General Pueyrredon según se confirma en notas periodísticas www.eldiarioar.com/

Una excepción que vale millones de dólares

Asimismo, “Mirada ciudadana” y “Surfrider Argentina” puntualizaron que “la excepción de la torre en cuestión permite la construcción de 21.645 metros cuadrados que el código prohíbe expresamente. Tal superficie, multiplicada por un valor de mercado de aproximadamente 5.000 dólares arroja un monto de los construibles violando las normas de U$A 108.225.000. La brecha entre costo y venta , es decir, el beneficio empresario adicional por los 21.645 M2 autorizados por excepción es de U$A 60.173.100 (SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIEN DÓLARES). Dinero que saldrá del haber de vecinos y marplatenses que verán su patrimonio afectado por los diversos impactos de este brutal proyecto.

“Otra cuestión a tener en cuenta es que la empresa Fiduciaria fue exceptuada del pago de derechos de construcción en base al régimen de preservación patrimonial. Esto suma $139.042.000 que el Municipio y los habitantes de esta ciudad dejaremos de percibir en concepto por el desarrollo de este emprendimiento inmobiliario.

“De esta manera, y tal como lo expresara el arquitecto patrimonialista Eduardo Reese ´el Estado les fertiliza gratis la tierra a los que hacen el negocio a costa de las cuestiones ambientales, de la calidad paisajística y de la vida de los ciudadanos´”.

Tras aportar una extensa lista de argumentos y pericias, además de hacer reserva del Caso Federal los demandantes solicitaron al titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, doctor Simón Francisco Isach, frente a quien quedó radicada la causa, la anulación de los artículos 1 y 2 de la Ordenanza 26448, a través de la cual se autorizó a la construcción de la torre origen de la presentación.

Y concluyeron advirtiendo: “Detener este desatino que perjudicará la vida de las generaciones venideras para siempre es un imperativo moral que la ciudad de Mar del Plata no puede dejar de ejercer”.