Tras un largo recorrido judicial, que comenzó con una investigación periodística en 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la multa a la coalición Cambiemos y a los partidos que lo integraron, por las irregularidades en su rendición de cuentas de aportes y gastos de campaña de ese año en la provincia de Buenos Aires.

La causa se inició en la Justicia Federal de La Plata, por supuestas irregularidades e incumplimientos a la Ley 26.215, que establece el marco normativo para el financiamiento de los partidos políticos.

Ese tribunal desaprobó las presentaciones, tanto de la coalición entonces gobernante como de las fuerzas que la integraban y fijó multas, que fueron apeladas y ratificadas en fallos de cámara. La nueva apelación llegó hasta el máximo tribunal, que acaba de expedirse al respecto.

Al PRO se le impuso una multa por un monto de 3.246.965,53 de pesos; a la UCR, un monto de 990.599,65; y a la Coalición Cívica, un monto de 990.599,65.

En los primeros meses de 2018, el escándalo comenzó a crecer, a pesar del prolijo trabajo de omisión de los medios adictos al macrismo. Tanto, que la entonces gobernadora, María Eugenia Vidal, brindó una conferencia de prensa.

“La ley de financiamiento de los partidos tiene fallas”, dijo por toda justificación. Más tarde, en julio de ese año, como la situación no se descomprimía, se vio obligada a pedirle la renuncia a la funcionaria y contadora del PRO, que además era su amiga y contadora personal de muchos años, María Fernanda Inza.

Otro artilugio fue asentar sumas de dinero más importantes a nombre de funcionarios de los gobiernos nacional y provincial de aquel momento. Sucedió, por ejemplo, con funcionarios del ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano, y con el entonces titular del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el pipinenese Juan D'Amico. Pero tampoco habían sido informados previamente de la maniobra, por lo que quedaron expuestos en los medios.

Ese año el PRO fue, por mucho, el partido que declaró más donaciones en efectivo, lo que es más difícil de probar y más sospechoso para la justicia.

La decisión de la Corte es sumamente inoportuna para los planes de Maria Eugenia Vidal, cuyo presente y futuro político están del otro lado de la avenida General Paz. Tras ser derrotada en las elecciones de 2019 por el actual gobernador, Axel Kicillof, Vidal borró el “orgullosamente bonaerense” de su biografía de X.

Dos años más tarde, compitió y obtuvo una banca de diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, cuyo mandato vence el próximo 10 de diciembre. Ahora suena como una posibilidad muy firme para encabezar la boleta de legisladores porteños del PRO, cuyo plazo de presentación vence el sábado a medianoche.