A 43 años de la Guerra de Malvinas, las consecuencias de la ocupación ilegal de las islas por parte del Reino Unido se extienden a ámbitos más allá de la soberanía política. En términos económicos, Argentina se pierde ingresos por más de u$s130 millones anuales de la industria pesquera, explotada por los británicos y otros países que, pese a una cercanía diplomática con Buenos Aires, tramitan licencias con la potencia invasora.

La pesca es la principal actividad económica de las islas: esta actividad generó entre 2013 y 2023 un ingreso anual promedio por u$s133,85 millones, cerca del 60% del PBI del archipiélago. “Si comés calamares en el sur de Europa, hay un 50% de posibilidades de que provengan de las Malvinas”, expresa en su sitio web el gobierno de ocupación británico, que además percibe unos u$s30 millones al año por las licencias de pesca. Esto afecta al país tanto en la imposibilidad de obtener esos ingresos como en los puestos de trabajo que se generarían, ya sea de manera directa por la explotación ictícola, así como indirecta por sectores adyacentes, como la construcción de navíos.

Pese a que en 1976 la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a Argentina y Gran Bretaña a no adoptar decisiones unilaterales mientras el diálogo con la soberanía continúe en proceso, la administración ilegítima en las Malvinas definió una Zona Económica Exclusiva (ZEE) en torno a las islas, donde otorga anualmente cerca de un centenar de licencias y cupos de pesca (ITQB, Individual Transferable Quota, cupo individual transferible), por un plazo de vigencia 25 años.

Esto fue favorecido por el polémico acuerdo Foradori-Duncan de 2018, firmado durante el gobierno de Mauricio Macri que beneficiaba a los británicos y les entregaba la explotación económica de las Islas. “Se acordó adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”, explicitaba el pacto.

Además, los británicos permiten la sobreexplotación. El año pasado, la pesca de calamar loligo en las Islas Malvinas experimentó un hecho sin precedentes: la cancelación de la segunda campaña anual debido a la escasez. Este año, en tanto, la temporada comenzó más tarde de lo habitual, luego de estudios preliminares realizados por científicos españoles que dieron cuenta del avance excesivo sobre el recurso ictícola.

Matías Battaglia, politólogo y docente universitario (UADE, UCA, UNSO, Austral), elaboró una serie de mapas con información de Global Fishing Watch, organización que monitorea la actividad pesquera, donde se ve la permanente operación de barcos con bandera española (principales adquirientes de licencias), taiwanesa y surcoreana en las aguas circundantes a las Islas Malvinas.

“Es muy desilusionante, ¿qué pensarían los españoles si Argentina tuviera una relación comercial con Gibraltar de la profundidad que tiene España con Malvinas? No le gustaría nada, como a Argentina no debería gustarle nada esta situación. Es incomprensible que España, un país con el cual tenido operaciones muy especiales, nunca, aún en esos momentos, haya tenido una voluntad política de poner el freno y competir con nosotros de una manera más decidida”, planteó Roberto García Moritán, ex vicecanciller (2005-2008), en diálogo con C5N.com.

Uruguay también juega un rol importante como punto de descarga para las naves que operan en el Atlántico Sur. “El año pasado se inauguró un puerto que se llama Puerto Capurro, en Montevideo, con capacidad para recibir a más de 50 barcos pesqueros, cuando Uruguay no tiene ni cinco barcos pesqueros en operación. Y esto viene ocurriendo desde hace 15 o 20 años”, detalló el diplomático.

En cuanto a la posibilidad de una solución al atropello que implica la explotación británica de recursos argentinos, García Moritán consideró que “la Argentina tendría que reflexionar sobre la estrategia que hemos estado aplicando en los últimos 40 años”. “Los resultados los conocemos: no han sido del todo satisfactorios, no importa el gobierno”, definió.

“Está claro que mientras Argentina no se convierta en el centro de poder científico, oceanográfico y de investigación pesquera en el Atlántico Sur, eso va a estar dominado por otros países. Lo que necesitamos es una estrategia renovada, más acorde al siglo XXI que una del siglo XX que es, en mi opinión, lo que está haciendo la Argentina desde hace algunas décadas, sin mayor imaginación”, añadió.

El ex vicecanciller llamó a “empezar a mirar el Atlántico Sur con ojos distintos”. “La Argentina no tiene una vocación pesquera en el Atlántico Sur. Tenemos un caladero que permitiría tener a unos 120 barcos pescando calamar. Sin embargo, hay 70 u 80. Hay más calamar del que podemos pescar. Pero tampoco la flota es lo suficientemente importante como para no estar pescando en la milla 201”, argumentó.

“Se necesita mayor presencia pesquera argentina en el Atlántico Sur, mayor inversión en la industria pesquera, convertir la Argentina en un país pesquero, en un país con conocimiento oceanográfico. Nos dotaría de una situación que permitiría cambiar mucho del peso específico que hemos tenido en las últimas décadas y eso yo creo que ha faltado”, concluyó García Moritán.

Mientras tanto, fuera del ámbito diplomático y comercial, es poco lo que el país puede hacer. En febrero, el contraalmirante Rodolfo Berazay Martínez, a cargo del Comando Conjunto Marítimo, relató en diálogo con DEF que, dado que Gran Bretaña impide el ingreso de buques y aviones argentinos a la ilegítima ZEE malvinense, “lo único que podemos hacer es disuadir con comunicaciones: informamos que están pescando en una zona que tiene problemas de soberanía”. “De hecho, en los próximos días se sumarán 150 barcos a la zona de Malvinas con licencias otorgadas por el gobierno no reconocido de las islas”, expresó.