En medio de una crisis sin precedentes, con deudas millonarias a diversos sectores del campo, la empresa agroindustrial Vicentin anunció este sábado el cierre temporal de sus dos plantas, ubicadas en Ricardone y Avellaneda, y peligran más de 1.000 puestos de trabajo. Mediante un comunicado, explicaron que el directorio decidió frenar toda actividad industrial al no contar con recursos para pagar los sueldos ni contratos activos de fazón que permitan sostener la operación.

“Nos vemos obligados a ordenar el cierre seguro de todas las plantas en operación”, informó Vicentin, que argumentó dicha decisión “ante la imposibilidad de obtener contratos de fazón en tiempo oportuno para cumplir regularmente con los compromisos de la sociedad, y en espera de poder revertir la situación una vez que la incertidumbre del proceso judicial sea resuelta”.

Además, en un escenario financiero asfixiante y la falta de respuestas de los inversores estratégicos, consideran que es la mejor medida para la “protección de los activos, lo que permitirá un rápido arranque cuando esto sea factible”. A su vez, detalló continuar “en diálogo permanente con todas las partes interesadas, en procura de lograr las condiciones para reanudar la actividad”.

“Lamentamos que habiendo encontrado la salida clara, concreta y tangible hace más de tres años, respaldada por mayorías contundentes de acreedores, solución que todavía está vigente, hayamos alcanzado esta situación extrema que trae zozobra a Vicentin y a la comunidad”, concluyó.

Vicentin enfrenta un proceso judicial por la puja para la homologación del concurso preventivo tras el revés sufrido en la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y tiene deudas por más de $400 millones.

Vicentin y la expropiación que no fue

En junio del 2020, el ex presidente Alberto Fernández había anunciado que la empresa, sumergida en crisis, iba a ser intervenida y envió un proyecto al Congreso de la Nación para tratar su expropiación definitiva y declararla “de utilidad pública”. Hecho que finalmente no ocurrió.

En una de las últimas medidas macristas, antes de dejar el poder en diciembre de 2019, el entonces presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, le había autorizado a la empresa un préstamo por 350 millones de dólares, suma que superaba de manera amplia la normativa del Banco Central y además era más del 20% del patrimonio computable de la entidad

En aquel entonces, el proyecto de expropiación tenía como objetivo proteger los intereses de la deuda pública de un posible vaciamiento, como así también respaldar a productores, acopiadores, bancos, organismos y empresas competidoras del sector.

El 31 de julio del mismo año, el Presidente derogó el decreto 522/2020, firmado un mes antes, que ordenaba la intervención y expropiación que le iba a permitir al país tener el control del 75% de las divisas que ingresaban al mercado agro.