La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires puso un límite a la avanzada del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich sobre las manifestaciones y le ordenó a la administración de Jorge Macri que encabece el operativo de seguridad de la marcha de jubilados y de los gremios convocada para el próximo miércoles frente al Congreso

La medida fue dictada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño, Roberto Gallardo, que hizo lugar a un amparo presentado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Union de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN)

El magistrado le recordó al Ejecutivo local que debe “reasumir sus obligaciones constitucionales” y que no puede permitir la intervención de fuerzas federales sin cumplir la Ley de Seguridad Interior.

En ese contexto, el magistrado sostuvo que “no se trata de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible”.

“El riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA– no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”, escribió Gallardo en su resolución.

El fallo también menciona los episodios de violencia ocurridos en movilizaciones anteriores, entre los que se encuentra el caso de Pablo Grillo, el fotoreportero que recibió una granada de gas lacrimógeno en la cabeza en una marcha frente al Congreso, por lo que debió ser internado de urgencia

En el mismo sentido, Gallardo cargó contra “la actitud avasalladora y excesiva que muestra el Estado nacional” y cuestionó el uso del protocolo antipiquetes impulsado por Bullrich a fines de 2023. “Se pretende asegurar la convivencia ciudadana a costa de derechos fundamentales”, advirtió.

Los argumentos que frenaron el operativo de Bullrich

El amparo judicial fue impulsado por el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo, junto a los representantes de la CGT, Julio Piumato y Maia Volcovinsky, quienes también integran la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.

En el escrito citaron el artículo 129 de la Constitución nacional que reconoce la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, recordaron que los artículos 23 y 24 de la Ley de Seguridad Interior limitan la intervención de fuerzas federales fuera de su jurisdicción original.

“CABA cuenta con su propia fuerza de seguridad, la Policía de la Ciudad, que está capacitada para intervenir en protestas y garantizar el orden público”, argumentaron y remarcaron que el Ejecutivo local no adhirió al protocolo nacional.

La resolución judicial pone en conocimiento del fallo a las autoridades porteñas, al Ministerio de Seguridad nacional y a los titulares de las cuatro fuerzas federales: Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

El juez Gallardo ordenó que “se delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante”.