En medio del ajuste del Gobierno Nacional, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad presentó un proyecto de ley urgente: declarar la emergencia en discapacidad. El pedido no es simbólico. Se basa en una situación crítica que, según advierten, pone en riesgo los derechos, la salud y la vida de miles de personas.

El diagnóstico es alarmante: pensiones no contributivas bajo revisión, aranceles congelados para prestadores de servicios, empleo protegido sin respuestas y un sistema de atención al borde del colapso. “Exigimos un Estado presente”, fue el grito unánime de las organizaciones que integran el Foro.

Revisión masiva de pensiones y temor por recortes encubiertos

El Gobierno Nacional activó una revisión masiva de pensiones por incapacidad laboral, que alcanzaría a unas 300 mil personas. El problema es que la categoría evaluada no es discapacidad en sentido amplio, sino “incapacidad laboral”, un criterio más restrictivo.

Desde el Foro alertan que se está dejando de lado el enfoque de derechos. “Uno puede tener una discapacidad y poder trabajar igual”, explicaron. En cambio, la incapacidad laboral refiere a una imposibilidad absoluta de trabajar, lo que excluye a muchas personas con discapacidad que necesitan igual la cobertura del Estado.

La preocupación es palpable. Ya hay casos documentados de personas que recibieron notificaciones en domicilios desactualizados. Si no responden en tiempo y forma, pierden la pensión. Además, se exige una gran cantidad de documentación sin detallar claramente qué se necesita, ni contemplar los largos plazos para conseguir turnos médicos.

Incluir Salud, otro derecho que se esfuma

El impacto de perder la pensión no es solo económico. Quien pierde ese ingreso, también pierde el acceso a Incluir Salud, el programa federal que brinda desde medicación hasta sillas de ruedas, audífonos, hogares, escuelas especiales, centros de día y asistencia para la inclusión.

“Nos dicen que presentemos los papeles, pero cuando llegamos ya nos dieron de baja”, denuncian desde el Foro. Según las organizaciones, el Gobierno ya anunció una meta clara: dar de baja 270 mil pensiones. Mientras tanto, hay 500 mil solicitudes nuevas que apenas avanzan. “El derecho sigue existiendo, pero el Estado no lo cumple”, advierten.

Prestadores sin aumento y al borde del cierre

Otro eje de la emergencia es la situación crítica de los prestadores. Los aranceles que pagan obras sociales, prepagas, PAMI y el propio Estado (a través de Incluir Salud) están congelados desde diciembre de 2024, cuando apenas subieron un 0,5%.

“Le mandamos cartas al director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y nunca respondió”, denuncian. El desfinanciamiento es tal que algunas instituciones cerraron, otras están tomando créditos para pagar sueldos, y los transportistas —clave para el traslado de personas con discapacidad— ya no pueden cubrir el costo del combustible. La atención se vuelve esporádica, los prestadores se dan de baja, y encontrar un nuevo lugar se transforma en una odisea.

Un sistema que se desmorona frente a la indiferencia oficial

Mientras el Gobierno avanza con recortes silenciosos, las organizaciones insisten: “Esto no es una política de control, es un ajuste encubierto que pone en riesgo derechos básicos”. El proyecto de ley para declarar la emergencia busca frenar esta caída libre, proteger a quienes más lo necesitan y obligar al Estado a dar respuestas concretas. Por ahora, esas respuestas no llegan.