La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el procesamiento del policía Cristian Rivaldi, quien está acusado de abuso de autoridad por gasear a Fabrizia Pegoraro, una niña de 10 años durante una de las marchas de los jubilados en el Congreso, ocurrida el 11 de septiembre de 2024.

El procesamiento es sin prisión preventiva, pero hay elementos para que vaya a un juicio oral y público por su accionar.

En su momento, el policía ensayó múltiples versiones para salvar su responsabilidad e intentar desacreditar lo que se vio en las filmaciones: cómo él bajaba la mano para gatillar el gas cerca de la cara de Fabrizia. Volvió, como había hecho Patricia Bullrich en septiembre del año pasado, a buscar decir que la nena había sido víctima de un manifestante que habría arrojado gas pimienta.

La versión de Rivaldi es que ese día había estado desplegado en la zona desde las 9 de la mañana y que, en un momento, los manifestantes habían intentado irrumpir violentamente en el Congreso. En ese instante, les dieron la orden de “avanzar, dispersar a los revoltosos y liberar la calzada”.

Según Rivaldi, él estaba atento a lo que pasaba con el comisario inspector Gerardo Ariel Perillo Scampini, quien habría sido alcanzado por el gas. De acuerdo con la versión del agente de la PFA, el responsable habría sido un manifestante o un camarógrafo.

Una y otra vez, Rivaldi y su defensa insistieron que él no le tiró gas a la nena. En la apelación, de hecho, él sostiene: “Jamás imaginé que una menor estaría solapada en esos grupos violentos”. Para el efectivo policial, la culpa era de la madre por llevarla; no suya por incumplir con los reglamentos que existen en las fuerzas para el uso de armas menos letales.

El Reglamento General para el empleo de armamento no letal de inmovilización e incapacitación de agresores, aprobado por la resolución 704/24, establece que se puede emplear un arma menos letal únicamente si un agresor avanza en dirección hacia el efectivo policial u otras personas. Ni Fabrizia ni su mamá estaban en actitud amenazante.

El protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, oficializado a través de la resolución 943/23, ordena prestar especial atención ante la presencia de niños, mujeres y embarazadas. Ni esa normativa le sirve a Rivaldi para justificar su actuación, por eso buscó instalar que él no vio a Fabrizia.