El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº2 de San Martín frenó el cierre de la Dirección de Vialidad Nacional dispuesto hace dos semanas por el gobierno de Javier Milei, en el marco de su política de disolución de organismos del Estado.

El nuevo revés contra la motosierra de La Libertad Avanza (LLA) fue consecuencia de la aceptación que la Justicia le dio a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), luego de que se decretara el desguace de esa área y su partición en distintas áreas del Estado.

La aceptación del amparo fue confirmada por la secretaria general de Sevina, Emiliana Mcnamara, quien indicó que a partir de ahora rige una medida de no innovar por la cual “por ahora no podrían avanzar contra la disolución de Vialidad”.

“Vialidad tiene una creación a partir de un decreto ley, que indica que no se podría disolver porque es un ente autárquico que funciona de manera autónoma”, explicó la dirigente.

Por este motivo, agregó, sobre Vialidad Nacional no tiene efecto lo que establece la Ley Bases, que es la legislación sobre la cual el Gobierno apoyó su decisión de cerrar ese organismo. “Esto es inconstitucional”, sentenció.

De esta manera, la dirección encargada de planificar y ejecutar obras viales debería seguir existiendo como tal, hasta tanto un juzgado resuelva la cuestión de fondo, que es la legalidad del cierre orquestado por el Ministerio de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger.

Mcnamara destacó que el objetivo es “mantener Vialidad Nacional, porque es el ente que se tiene que encargar de cuidar las rutas nacionales”. Y a este problema “no se lo resuelve ni desfinanciando ni disolviendo nacional”, destacó.

“Tenemos una alegría inmensa. Tenemos Vialidad para rato, ojalá que sea así. Y si no, seguiremos luchando desde lo político, en la calle y en la Justicia”, concluyó.

La presentación de Sevina no fue la única que se efectivizó contra el cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) había presentado también una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como también de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

Este último planteo pidió que el decreto sea declarado inconstitucional y que, por lo tanto, se suspendan sus efectos.