Este martes al mediodía, la organización Prestadores Unidos MDP y familias de personas con discapacidad se concentraron frente al Palacio municipal, para manifestar su repudio al veto del Poder Ejecutivo Nacional sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad.

La norma vetada contemplaba el financiamiento de tratamientos médicos, transporte adaptado, apoyo escolar, hogares convivenciales y salarios justos para quienes trabajan cuidando y acompañando a miles de personas con discapacidad en todo el país.

En diálogo con Cazador de Noticias, Yesica Machado, integrante de Prestadores Unidos MDP denunció que “se dijo que no hay plata pero si hay fondos para aumentos a jubilaciones de privilegio, refuerzos a fuerzas de seguridad, propaganda institucional, contratos y asesores, helicópteros y traslados, y fideicomisos para empresas”.

Acto seguido, señaló que “habíamos advertido que si se vetaba la ley nosotros íbamos a estar en la calle porque se trata de una cuestión de derechos, no una cuestión económica y hoy nos hemos reunidos diferentes colectivos para mostrar la incomodidad, la angustia y la desesperación que nos provoca esta situación porque vemos que ni siquiera los sistemas legales y democráticos garantizaron que esta ley que se trabajó durante mucho tiempo y se aprobó por las dos Cámaras llegase al resultado que esperábamos”.

Subrayó, además, que “por vocación seguimos sosteniendo un sistema que está totalmente colapsado, pero también como trabajadores nos estamos viendo muy complicados diariamente, muchos de nuestros compañeros han tenido que salir a buscar otros trabajos, se han cortado transportes, están cerrando centros de día porque no se puede sostener, requiere de una economía que se vaya actualizando porque los gastos se siguen actualizando y todos los días pensamos cómo en cómo hacer”.

Sostuvo, también, que “realmente el objetivo del Gobierno nacional es que el sistema de prestaciones desaparezca, que el Estado deje de hacerse cargo porque piensan la discapacidad como un gasto y pase a ser un acuerdo privado entre prestadores y personas con discapacidad. En ese caso, la gran mayoría de personas con discapacidad quedarían sin asistencia y sus familias no estarían en condiciones de abordar lo que es un tratamiento integral porque se requieren muchas terapias múltiples veces a la semana. Sólo podrían solventar aquellas personas con suficientes recursos económicos. Pero el problema no solo está en eso de que las familias seguramente harían algún tipo de sacrificio para poder seguir con las terapias, sino en que el Gobierno nacional no tendría ningún espacio público para poder cubrirlo porque hoy por hoy, la ciudad de Mar del Plata está en este sentido desmembrada, tiene un solo hospital que brinda evaluación y turnos cada seis meses, las salas municipales no tienen las prestaciones y los tratamientos que se hacen no son intensivos como se requiere para mejorar la calidad de vida de una persona con discapacidad”.

“Luego del veto del presidente no hubo ningún tipo de comunicación de la Secretaría de Salud municipal ni del área de Discapacidad del Municipio como no viene habiendo ninguna comunicación desde que asumió el nuevo Gobierno nacional. Solamente aquí encontramos a uno de los concejales que se acercó a hablar con nosotros que es de la oposición”, concluyó.