Prestadores Unidos MDP convocó a instituciones, personas con discapacidad, familias, prestadores, transporte y a toda la comunidad a reunirse este jueves, a partir de las 11, frente al Palacio municipal para visibilizar la crisis del sector y exigir la sanción definitiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

A través de un comunicado, acercado a Cazador de Noticias, sostuvieron que “decir NO al veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad es responsabilidad de los senadores. La discapacidad en Argentina atraviesa una crisis histórica. Mientras miles de personas ven vulnerados sus derechos básicos, el Estado avanza con medidas que profundizan la exclusión, los recortes presupuestarios y la precarización de los servicios”.

Remarcaron que “en los últimos meses, más de 110.000 pensiones no contributivas fueron dadas de baja a partir de auditorías realizadas de manera irregular, sin garantías, sin instancias de defensa y dejando a familias enteras en la desprotección absoluta. Esto no es un error administrativo: es una decisión política que desconoce la obligación del Estado de garantizar derechos”.

“Al mismo tiempo - prosiguieron - , los trabajadores y trabajadoras del sector enfrentan una precarización alarmante: pagos retrasados, honorarios congelados y condiciones de trabajo insostenibles. Somos quienes realmente sostenemos el sistema de atención y acompañamiento, y sin nuestra labor el funcionamiento de los servicios se ve gravemente afectado. La Ley de Emergencia en Discapacidad fue pensada justamente para poner un freno a esta situación crítica y garantizar que las personas con discapacidad accedan a los apoyos, servicios y prestaciones que necesitan, en un marco de respeto a la labor de quienes sostienen el sistema día a día. A pesar de esto, los prestadores hemos sido históricamente objeto de destratos, incluso hasta el punto de ser invisibles para un Estado que no contempla nuestra función esencial”.

Recalcaron que “decir que “no hay dinero” es falso: recursos existen. Lo que falta es voluntad política y transparencia. Las denuncias por coimas en la ANDIS muestran que el problema no es la falta de fondos, sino su mal uso sistemático. Mientras se recortan derechos y prestaciones, se desvían recursos que deberían garantizar la vida y la atención de las personas con discapacidad, dejando al sistema en riesgo y profundizando la crisis para quienes dependen de él diariamente”.

“El Senado tiene hoy en sus manos una decisión histórica. Vetar esta ley sería avalar la desprotección, la corrupción y la exclusión. Acompañarla es cumplir con la Constitución, con los tratados internacionales y sobre todo, con la responsabilidad ética de representar al pueblo”, concluyeron.