Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, el equipo de gestión del edil de Unión por la Patria, Diego García, llevó adelante un trabajo conjunto con espacios comunitarios, clubes, comedores e iglesias para realizar un relevamiento territorial en barrios periféricos del Partido de General Pueyrredon. El objetivo fue conocer en profundidad las condiciones de vida de las familias que participan de estos espacios socio-comunitarios (comedores, merenderos, entre otros).

El informe anual reúne datos relevados de manera trimestral en 1.507 hogares de más de 30 barrios de Mar del Plata y Batán, y fue construido a partir del trabajo articulado con referentes barriales que participaron activamente del proceso de encuesta.

El relevamiento permite trazar un diagnóstico contundente: en los barrios más alejados del distrito, la vulnerabilidad social no es una excepción, sino una condición estructural que se agrava año tras año. La mayoría de los hogares relevados está compuesta por familias con niños, niñas y adolescentes, con una fuerte presencia de mujeres a cargo de las tareas de cuidado y trayectorias laborales atravesadas por la informalidad y la desocupación.

Uno de los datos más alarmantes surge del análisis de la situación laboral: aproximadamente seis de cada diez personas se encuentran desocupadas, mientras que una parte importante de quienes trabajan lo hace por cuenta propia, en condiciones precarias o de subsistencia. El acceso al empleo formal es mínimo, y solo una porción muy reducida cuenta con trabajo en relación de dependencia, lo que impacta directamente en los ingresos, la estabilidad económica y el acceso a derechos.

En materia de salud, se relevó que el 78 % de las personas no cuenta con ningún tipo de cobertura médica y depende exclusivamente del sistema público. Si bien una parte significativa logró realizar controles médicos en los últimos años, existe un porcentaje considerable que no accede a atención de manera regular, lo que representa un riesgo para la detección temprana de enfermedades y la continuidad de tratamientos.

La situación alimentaria constituye el indicador más crítico del relevamiento: el 73 % de las familias no logra completar cuatro comidas diarias, y el consumo de alimentos básicos como carnes, frutas y verduras es insuficiente y discontinuo. Esta realidad se vincula directamente con la falta de empleo, los bajos ingresos y la creciente dependencia de prestaciones sociales para garantizar la subsistencia cotidiana.

Por su parte, más de la mitad de los hogares relevados percibe la AUH (Asignación Universal por Hijo) y una proporción significativa accede a la Tarjeta Alimentar, lo que da cuenta del rol central que siguen cumpliendo las políticas públicas frente al deterioro de las condiciones económicas y del tejido social. Sin embargo, se advierte que estas herramientas resultan insuficientes frente al avance de la precarización laboral y el aumento sostenido del costo de vida.

Además, en uno de cada cinco hogares viven personas con discapacidad, así como un número creciente de adultos mayores jubilados que requieren acompañamiento, atención en salud y apoyo económico. En muchos casos, la falta de acceso a trámites y políticas específicas profundiza las desigualdades existentes.

“El relevamiento confirmó algo que vemos todos los días en el territorio: la desigualdad se profundiza en los barrios más alejados de nuestra ciudad. Este tipo de trabajos es una herramienta clave para planificar políticas públicas con anclaje en datos reales y no en discursos. Tenemos que trabajar para revertir estos indicadores y construir un Estado municipal que llegue de verdad a cada barrio y a cada vecino”, afirmó García, quien preside la comisión de Salud Comunitaria y Desarrollo Humano del Concejo Deliberante.

Las conclusiones son claras: la combinación de desocupación, informalidad laboral, déficit alimentario y debilitamiento de las políticas públicas está empujando a miles de familias a depender cada vez más de los espacios comunitarios para sostener su vida cotidiana. Frente a este escenario, resulta urgente que el Estado recupere un rol activo en la implementación de políticas integrales que garanticen condiciones dignas de vida, empleo, salud y alimentación para todos los vecinos y vecinas de General Pueyrredon.