El caso $LIBRA, uno de los hechos más resonantes de la gestión de Javier Milei, cumple este sábado un año. A las 19:01 del viernes 14 de febrero de 2025, el Presidente publicó un tuit en el que promocionó el lanzamiento de una nueva criptomoneda. Minutos después, 44.000 personas resultaron afectadas en todo el mundo.

Tras ese episodio, sobre el que Milei tuvo idas y vueltas en sus dichos, la Justicia inició una investigación y la oposición impulsó una Comisión Especial Investigadora en Diputados, encabezada por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), para intentar conocer detalles sobre la participación del libertario y su entorno en el hecho.

Para que la llamada ‘memecoin’ tuviese repercusión y alcanzara a miles de usuarios, el tuit de Milei fue clave: presentó a $Libra como un "proyecto privado" para financiar pymes de tecnología e inteligencia artificial en la Argentina, junto a un código alfanumérico que les permitía a los usuarios adquirir el token de manera directa.

Luego de dicha publicación, el valor de la criptomoneda se disparó rápidamente debido a la compra masiva de personas que tomaron a la figura presidencial como un respaldo confiable. Horas después, el precio cayó en más de un 85%, cuando los propios creadores y grandes beneficiarios del token vendieron sus posiciones, una jugada conocida en el mundo cripto como “rug pull” o “estafa de salida”.

Al trascender este hecho, Milei borró la publicación, pero escribió otra excusándose de haber apoyado “un supuesto emprendimiento privado” del que “no tenía vinculación alguna”. “Yo no lo promocioné, solo lo difundí”, insistió en una entrevista televisiva. Incluso, argumentó que su cuenta de redes sociales no puede tomarse como una comunicación de carácter presidencial.

$LIBRA, cómo sigue la investigación en la Justicia

El 17 de febrero de 2025, se presentaron formalmente las primeras denuncias penales “por presunta estafa y asociación ilícita”, que quedaron a cargo de la jueza María Servini. El fiscal federal Eduardo Taiano inició una investigación el 21 de febrero para determinar la responsabilidad de Milei y de los dos desarrolladores vinculados: el estadounidense Hayden Davis y el empresario argentino Mauricio Novelli.

En total, fueron 44.000 personas estafadas en todo el mundo. La Comisión $LIBRA confirmó que en la Argentina hay al menos 1.329 damnificados. Y en paralelo, se inició una demanda colectiva en Nueva York, en un tribunal federal del Distrito Sur, que acusa a Milei de emitir una "declaración promocional altamente engañosa".

Novelli fue señalado como puente principal entre los creadores de $LIBRA y el entorno de Milei, ya que se registraron diez ingresos suyos a Casa Rosada durante 2024, autorizados en su mayoría, por la secretaria de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. Davis, por su parte, es CEO de la empresa Kelsier Ventures, especializada en la creación y lanzamiento de tokens y criptomonedas. Está identificado como el principal impulsor de $LIBRA, luego de haber firmado un contrato de confidencialidad donde el empresario tomaba el rol de “asesor ad honorem” del Estado argentino “en materias de blockchain e inteligencia artificial”.

Dos semanas después de la consumación de ese documento, Milei promocionó en sus redes sociales a $LIBRA y, luego de las investigaciones que comenzaron posteriormente a esta estafa, se confirmó que existen billeteras vinculadas a Davis, que realizaron transferencias superiores a un millón de dólares; también hubo mensajes de teléfono donde el CEO norteamericano se jactaba de “influir” en el Gobierno argentino mediante ciertos pagos a Karina Milei.

La comisión investigadora de $LIBRA en Diputados presentó un informe final, el 18 de noviembre pasado, donde los legisladores concluyeron que existió una "colaboración imprescindible" por parte del Presidente en la promoción de la criptomoneda e instó al Congreso a definir un posible juicio político. Luego de la disolución de la comisión por el cumplimiento de su mandato, los diputados nacionales que la integraban trasladaron las pruebas a la justicia federal, donde iniciaron una denuncia formal.

Hasta ahora, la causa judicial no tiene ningún convocado a declarar.