La comisión de Legislación aprobó un proyecto de rechazo a los recortes que impulsa la Nación. El jefe del bloque PRO, Julián Bussetti, votó a favor del beneficio local y marcó distancia de la línea partidaria: "Primero están nuestros vecinos".

El debate por la continuidad de los beneficios en las tarifas de gas escaló este lunes en el plano legislativo local. La comisión de Legislación del Concejo Deliberante aprobó por mayoría un proyecto unificado para manifestar la "profunda preocupación" del Cuerpo frente a las modificaciones que el Gobierno nacional impulsa sobre el régimen de Zona Fría. Tras este aval, la iniciativa ya forma parte del orden del día y será tratada por la totalidad del Cuerpo en la próxima sesión ordinaria.

La resolución obtuvo el respaldo de casi todo el arco político, registrando únicamente el voto negativo del bloque de La Libertad Avanza (LLA), alineado con las políticas de la administración central.

Sin embargo, la nota disruptiva de la jornada la dio el oficialismo local. En un giro sorpresivo, el jefe de la bancada del PRO, Julián Bussetti, priorizó la situación de los usuarios de Mar del Plata por encima de la línea partidaria nacional, exponiendo diferencias internas en el espacio.

Al tomar la palabra, Bussetti rechazó de forma tajante cualquier intento de recortar o eliminar el beneficio y cuestionó que los habitantes de la ciudad pierdan derechos adquiridos.

"Hay veces que hay que ir en contra de lo que dice nuestro propio partido porque primero están nuestros vecinos", lanzó el concejal, en la declaración más resonante del debate.

Para respaldar su postura, el edil recordó que el propio intendente, Guillermo Montenegro, ha mantenido históricamente una defensa irrestricta del régimen de Zona Fría frente a las distintas gestiones nacionales que intentaron modificarlo en el pasado.

La postura asumida por el titular del bloque oficialista contrasta de manera directa con las declaraciones realizadas recientemente por el concejal Emiliano Neme, quien había respaldado públicamente el proyecto del Gobierno nacional. Neme había señalado que el sistema "va a pasar a un esquema de segmentación" donde el Estado asistirá sólo a quienes no tengan capacidad de pago, defendiendo que el nuevo modelo será “equitativo y justo” porque los subsidios “van donde tengan que ir”.