Por Rodolfo "Manino" Iriart
Legislador provincial
Los niños representan el sector más vulnerable de la sociedad, por depender necesariamente del cuidado de los adultos para su supervivencia. Considerando esto, desde hace varias décadas, diferentes organizaciones internacionales pusieron el foco en promover el cumplimiento de una serie de derechos básicos y fundamentales para garantizar una infancia digna y con igualdad de oportunidades para todos los sectores sociales.
El principal avance en esta materia fue la Convención sobre los Derechos del Niño firmada en 1989, a la cual se encuentran adheridos 196 países, entre ellos, la Argentina. Gracias a ella, se han mejorado importantes variables, como el índice de mortalidad infantil y el nivel de escolarización. Sin embargo, queda mucho por hacer: a nivel mundial, los niños representan casi la mitad de los 900 millones de personas que viven con menos de 1,90 dólares al día, es decir, en extrema pobreza. A raíz de estas carencias económicas, en 2014 cerca de 160 millones de niños presentaban retraso en su crecimiento, según Unicef.
En particular, nuestro país tiene índices preocupantes en materia de derechos vulnerados. Según las cifras oficiales, el 39,7% de los niños son pobres en ingresos y 4,8%, indigentes, considerando solo el aspecto económico. De otro modo, según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 62,5% de los jóvenes menores de 17 años tienen sus derechos vulnerados, ya que dicha organización también contempla índices vinculados con la alimentación, la salud, la vivienda, los espacios de socialización y el acceso a las nuevas tecnologías.
Especialmente, dos de cada diez niños no tienen alimentos asegurados, la mitad vive en la pobreza y un tercio depende de centros asistenciales para comer. También es importante destacar que el 51% de los infantes habita en barrios nocivos para su salud física, mientras que la precariedad de las viviendas afecta al 25%, el hacinamiento al 22,5% y la falta de espacios de saneamiento al 46,2 por ciento. Además, la mitad no tiene internet en sus hogares, el 60% no tiene celular y el 40% tampoco una computadora.
La región pampeana es la más afectada por esta problemática socioeconómica, ya que contiene al 46,72% de los niños pobres del país, según el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes). Puntualmente, en la provincia de Buenos Aires, se registran zonas con un 63,7% de infantes en casas sin cloaca o agua potable; un 54,2% en condición de pobreza; un 13,1% indigente y un 33% con problemas de necesidades básicas insatisfechas.
Es imprescindible encontrar una solución para este angustiante panorama. Tal como señalan los objetivos impuestos por la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los niños deben ser considerados una prioridad en el diseño de políticas públicas para un futuro inclusivo y sostenible, ya que de ellos dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana.
Como allí se especifica, la única forma de abogar por los derechos de los más chicos es mediante el involucramiento del Estado, mediante una perspectiva integral que garantice el acceso a la educación, a la salud, la igualdad de género, la erradicación del trabajo infantil y de la pobreza. Esto debe ser el puntapié inicial para construir un futuro caracterizado por la justicia social, considerando que la brecha de desigualdades en la infancia tiene su equivalencia en una posterior falta de oportunidades durante la juventud y adultez.
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