Los bonaerenses debemos enfrentar con urgencia la realidad que atraviesa nuestra provincia. Un deterioro social y económico creciente amenaza nuestro futuro, con la expansión de la violencia y el narcotráfico, sumado al desarraigo de las áreas rurales. Esta situación afecta directamente a las familias, debilita las comunidades y siembra incertidumbre en una sociedad que anhela paz y desarrollo.

El AMBA, compuesto por 40 municipios que representan el corazón industrial y más populoso de la provincia, ha pasado de ser un centro de oportunidades a un espacio donde las condiciones de vida empeoran día a día. La marginalidad y la falta de oportunidades crean el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento del narcotráfico y la violencia. Mientras tanto, en el centro y sur de la provincia, los pueblos rurales se despueblan lentamente, lo que agrava la desigualdad regional, dejando atrás tierras que alguna vez fueron prósperas.

A pesar del enorme potencial de la provincia, el rezago es evidente. Las políticas y leyes que la rigen, muchas impuestas en tiempos de gobiernos militares o herencias de un centralismo anacrónico, no responden a los desafíos actuales. En un mundo que avanza a gran velocidad, Buenos Ayres parece anclada en un pasado que no puede soltar.

La concentración desmedida de la población en el AMBA, que representa el 4,6% de la geografía bonaerense viven más de 12 millones de personas, exacerba los problemas sociales. En esta región se agolpan la pobreza, la marginalidad y la inseguridad. Mientras tanto, el resto de la provincia, con más de 6 millones de habitantes, claman por repoblarse y recuperar la vitalidad que una vez tuvieron. La desconexión entre estos dos mundos es uno de los grandes desafíos que enfrenta la política.

La falta de oportunidades y servicios básicos ha empujado a miles de bonaerenses a abandonar sus pueblos en busca de un futuro mejor en los grandes centros urbanos. En los últimos 50 años, 250 pueblos desaparecieron y, de no tomarse medidas urgentes, 350 más podrían seguir el mismo destino.

Una de las soluciones más discutidas es la descentralización. La autonomía plena de los municipios no solo es un acto de justicia para las comunidades locales, sino una estrategia necesaria para combatir el desequilibrio territorial que nos afecta. La Ley Orgánica de Municipalidades, de 1958, necesita una reforma urgente para adaptarse a las realidades del S.XXI. Los municipios deben tener mayor capacidad para gestionar sus recursos, atraer inversiones y generar empleo a nivel local, brindando soluciones más cercanas a sus propios problemas.

Con la autonomía plena, los municipios rurales podrían potenciar sus recursos, mejorar sus infraestructuras y fomentar la actividad económica local. Esto no solo impulsaría el desarrollo regional, sino que ayudaría a descongestionar el conurbano bonaerense, ofreciendo alternativas de vida fuera del AMBA.

Parte fundamental de esta reorganización provincial es una reforma tributaria que permita a los municipios mayor participación en la recaudación y administración de impuestos. Las zonas rurales, en particular, necesitan incentivos fiscales que promuevan la inversión y su desarrollo. Si se implementan políticas que fomenten el cooperativismo y el trabajo conjunto, el campo bonaerense podría convertirse en un motor de desarrollo tanto para la provincia como para el país entero.

El cooperativismo, basado en la solidaridad y la organización comunitaria, tiene el potencial de ser una de las principales herramientas para el crecimiento sustentable de las comunidades rurales. Esta forma de organización no solo genera empleo, sino que fortalece el tejido social y la solidaridad.

El sector agrario, uno de los pilares económicos, lleva 15 años de atraso tecnológico. Si bien el campo tiene el potencial de generar riqueza y empleo, la falta de innovación y modernización lo ha dejado rezagado. Es imprescindible que el Estado provincial promueva políticas públicas que apoyen la introducción de nuevas tecnologías. La modernización del campo no solo aumentaría la competitividad y productividad, sino que también generaría un impacto positivo en la economía bonaerense.

Otra pieza clave para avanzar es la reforma de la Ley Electoral, que data de 1935. El sistema actual no refleja adecuadamente la diversidad de intereses y realidades de la provincia. La representación debe ser más equitativa, garantizando que las voces de las regiones menos pobladas también sean escuchadas. No podemos permitir que el futuro de la provincia sea decidido únicamente por el eje La Plata-Conurbano. Los municipios agrícola-ganaderos, tienen mucho que aportar y su inclusión en las decisiones políticas es esencial.

Frenar el crecimiento desmedido del conurbano es una prioridad estratégica. La provincia necesita políticas de poblamiento que incentiven a las familias a establecerse en las áreas rurales del sur, donde hay más espacio, recursos y posibilidades de desarrollo. Pero para que esto sea viable, es fundamental garantizar el acceso a servicios básicos, infraestructura, educación y empleo en esas regiones. Solo así se podrá ofrecer una verdadera alternativa a las generaciones jóvenes, que hoy se ven obligadas a migrar hacia los centros urbanos en busca de oportunidades.

El futuro de la provincia de Buenos Ayres depende de decisiones urgentes y valientes. La descentralización, la autonomía municipal, una reforma tributaria, el fomento del cooperativismo, la modernización del campo y una nueva ley electoral son pilares fundamentales para garantizar un desarrollo sustentable y sostenible.

No podemos permitir que nuestra provincia siga rezagada mientras el mundo avanza. El tiempo de actuar es ahora, y las decisiones que tomemos hoy determinarán el futuro de los bonaerenses. El desafío es monumental, pero las oportunidades también lo son. Es hora de construir una provincia más organizada, más justa y más solidaria, donde todos podamos encontrar nuestro lugar en el mundo.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.