La tendencia del votante bonaerense a concentrarse en las figuras del Poder Ejecutivo -principalmente en el gobernador y los intendentes- genera una dinámica política que refuerza el perfil de caudillos contemporáneos. Esta concentración de poder deja en segundo plano el papel fundamental que desempeñan los legisladores y concejales, creando un escenario que no solo altera el equilibrio entre los poderes, sino que también limita la capacidad del vecino bonaerense para ejercer una democracia participativa y representativa. En este contexto, el electorado otorga poder sin cuestionar la existencia de contrapesos esenciales en un sistema republicano.

Desde la perspectiva de la Teoría Constitucional, se sostiene que los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- deben actuar en equilibrio y complementación. No obstante, el poder real reside en el Poder Legislativo, que tiene la responsabilidad de dictar las normas que regulan la vida de los bonaerenses y de establecer las directrices que deben seguir los poderes Judicial y Ejecutivo. Esta inadecuada atención hacia el Legislativo y su subestimación como actor clave no solo desvía la atención cívica, sino que también implica una cesión de poder hacia los ejecutivos, consolidando prácticas que restringen el verdadero ejercicio democrático.

La permanencia de listas sábanas y las normativas actuales para su confección han exacerbado esta desconexión. Estas listas, que a menudo priorizan la cantidad sobre la calidad de los representantes, permiten que personas sin una formación legislativa adecuada ni un compromiso genuino con las demandas del bonaerense accedan a cargos legislativos. Esta situación permite que figuras ajenas al verdadero interés de la provincia ocupen espacios de decisión, lo que erosiona aún más la confianza del pueblo con sus representantes. En este contexto, la provincia de Buenos Ayres mantiene en vigor más de 3.200 decretos y leyes de origen militar y conservadoras. Estos marcos legales, lejos de propiciar el desarrollo, profundizan el estancamiento y subdesarrollo de la región, perpetuando estructuras de poder que no responden a las necesidades de la población.

La falta de control y el escaso interés en el Legislativo permiten que leyes obsoletas continúen vigentes, generando consecuencias negativas en el ámbito económico y social. Esto se traduce en una falta de regulación adecuada en áreas críticas como la educación, la salud, la seguridad y el desarrollo económico, afectando directamente la calidad de vida de los bonaerenses. Sin un marco legal actualizado que contemple las realidades actuales de la comunidad, el progreso se convierte en una meta inalcanzable.

Para romper este círculo vicioso, es esencial que los legisladores y concejales sean interpelados de manera regular por sus votantes, quienes deben estar informados sobre sus actividades, proyectos y posiciones. En este sentido, el concepto de “mandato imperativo”, propuesto por José G. Artigas, recobra relevancia: el pueblo debe exigir que la representación se vincule directamente a los intereses populares, con la posibilidad de revocatoria en caso de incumplimiento. Este enfoque no sólo revitaliza la relación entre electores y elegidos, sino que también fortalece al vecino para demandar mayor responsabilidad en el ejercicio del poder.

Los representantes, como ejecutores de la voluntad popular, deben poner sus convicciones al servicio del electorado y no de agendas ajenas a sus necesidades. La premisa de que el Congreso debe ser, por definición, “la casa del pueblo”, debe guiar todas las acciones de los legisladores. Solo a través de una representación efectiva y responsable se puede construir una democracia enérgica, donde el Poder Legislativo actúe como un verdadero reflejo de los intereses de su pueblo y no como un mero apéndice del Ejecutivo.

En definitiva, un cambio en la lógica del poder es urgente. Es momento de redirigir nuestra atención hacia los legisladores y concejales, fortaleciendo el Poder Legislativo como el verdadero baluarte de la democracia en la provincia de Buenos Ayres. Este fortalecimiento no solo beneficiará a los representantes electos, sino que también permitirá a los vecinos recuperar su voz y su protagonismo en la política provincial y municipal. Solo de esta manera podremos avanzar hacia una provincia más justa, equitativa y democrática, donde las decisiones se tomen en función de las necesidades del pueblo y no de intereses sectarios y partidocráticos.

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