Mientras las grandes potencias disputan el dominio de la inteligencia artificial (IA), la reciente cumbre en París, 10 y 11 de febrero, ha dejado en evidencia una grieta fundamental: la IA no es solo una herramienta para la economía o la defensa militar, sino un actor que podría reconfigurar la estructura misma de nuestras comunidades. En este contexto, cabe preguntarse: ¿qué papel jugará la IA en la organización política y en la custodia del bien común? La respuesta parece ser eludida por quienes pretenden conducir el futuro.

La reunión, que contó con la presencia de 80 países y líderes políticos como Ursula von der Leyen, J.D. Vance y Emmanuel Macron, puso en el centro del debate dos visiones contrapuestas. Por un lado, la propuesta europea de una IA regulada, con valores y principios eurooccidentales; por el otro, la postura gringa de una IA desregulada y dominada por corporaciones privadas. El resultado fue previsible: no hubo acuerdos, sólo la constatación de una lucha por el poder tecnológico.

Sin embargo, lo más llamativo de la cumbre no fue el desencuentro entre bloques, sino lo que no se dijo. Mientras la IA es vista como un motor de crecimiento para empresas, industrias y ejércitos, nadie propuso su uso para controlar la gestión de los fondos públicos o para mejorar la administración estatal. Se discute cómo potenciar la eficiencia empresarial, pero no cómo evitar la corrupción política mediante sistemas automatizados de transparencia y auditoría.

Esta omisión no es casual. Una IA aplicada a la gestión pública podría prever y alertar sobre decisiones temerarias de funcionarios, detectar irregularidades en el uso de recursos y garantizar una administración más justa. Pero esto atenta contra intereses políticos y económicos arraigados. En pocas palabras, se busca una IA que potencie el mercado, no una que fortalezca la democracia.

Para los países de América Hispana, donde la corrupción y la burocracia son obstáculos estructurales para el desarrollo, la IA representa una oportunidad sin precedentes. La implementación de algoritmos que analicen el gasto público en tiempo real, detecten patrones de corrupción y optimicen los procesos administrativos podría transformar la relación entre el ciudadano y el Estado. Desde los municipios hasta las provincias, la IA puede ser una herramienta clave para garantizar una mayor eficiencia en la gestión de recursos y reducir el clientelismo político que ha frenado históricamente el progreso en la región.

Imaginemos un sistema donde cada gasto municipal sea auditado automáticamente, donde los presupuestos provinciales sean evaluados por IA para evitar sobreprecios y donde la burocracia se reduzca gracias a sistemas inteligentes que agilicen trámites y gestiones. En lugar de depender de la discreción política de quienes se benefician del statu quo, la tecnología podría garantizar procesos más ágiles, transparentes y accesibles para toda la población.

Desde una perspectiva humanista y cristiana, la inteligencia artificial no puede desligarse de su impacto sobre la dignidad humana y el bien común. La tradición hispanoamericana, con su fuerte raíz comunitaria y su vocación solidaria, no puede aceptar una tecnología que solo sirva a los poderosos. La IA debe ser una herramienta al servicio de los pueblos, no un nuevo mecanismo de concentración de poder, como así lo establece la reciente nota doctrinal "Antiqua et Nova", enero 2025, publicada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y el Dicasterio para la Cultura y la Educación.

La cumbre en París, con su despliegue de diplomacia y tecnología, dejó en claro que el mundo está en una encrucijada. La IA puede convertirse en un instrumento de justicia y equidad o en una máquina de exclusión y dominación. No es la tecnología la que decidirá su destino, sino la voluntad de los hombres que la diseñan y regulan. Y si ellos no toman la decisión correcta, entonces será tarea de los pueblos exigirla.

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