El dirigente del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata mostró su descontento por la reunión que llevaron adelante los representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación junto a entidades empresariales y organizaciones sindicales, donde se debatió el monto mínimo que debería obtener cualquier persona por su trabajo pero sin dar participación a la CTA que dirige Pablo Micheli (sí tuvo lugar el sector que conduce Hugo Yasky).

Al respecto, Rigane denunció: “es evidente que el Gobierno sigue entrometiéndose en el movimiento obrero, particularmente en la CTA, ya que a pesar de que Micheli ganó por 11.500 votos en 14 provincias y sólo quedan tres en donde deben realizarse elecciones, las autoridades nacionales continúan sin reconocer su conducción”.

En otro orden, el gremialista dio cuenta de que el salario mínimo, vital y móvil incide aproximadamente sobre un millón de trabajadores.

Vale aclarar que los trabajadores estatales y aquellas personas que trabajan en negro, están tercerizadas o en situación de precariedad laboral no son absorbidos por este derecho.

En tanto, los empleados que están convencionalizados ya tienen pactados sus salarios, que claramente superan el monto.

Por ende, el salario mínimo, vital y móvil incide sólo para el grupo de trabajadores que se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, en blanco pero sin convenios colectivos.

Al respecto, Rigane subrayó: “pese a que se trate de una proporción pequeña de la masa total, creemos que es importante establecer el número”. “Pero lo lógico – aclaró, a colación – sería acordarlo antes de las paritarias y no después, como está ocurriendo ahora”.

A pesar de no participar de la mesa de negociación, el dirigente sindical marplatense consideró que es muy difícil establecer cuál es la cifra, pues “no se calcula más la canasta básica de consumo que tiene una familia tipo”.

Esta medición dejó de hacerse en 1997, situación que dificulta la proyección del salario que un trabajador precisa para hacer frente a las necesidades de alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión.

“Todo lo que hoy se presume como cifra, es una cifra que no deja de ser arbitraria”, afirmó Rigane.

Más allá de las circunstancias mencionadas precedentemente, la Central sacó sus propios cálculos y llegó a la conclusión de que el salario mínimo, vital y móvil debería ser de 2.700 pesos.

Según Rigane, “pese a tratarse de una cifra que representa sólo 90 pesos diarios, existe una patronal que no está dispuesta a reconocer este importe”.

Además, desde la CTA, sus miembros consideraron que el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil debería cumplir con otras funciones, tales como: el salario familiar y la no contribución por la cuarta categoría, “ya que esto significa que se le cobra impuestos a los trabajadores por lo que ganan, pese a que el salario no es una renta ni una especulación financiera”.

Por último, Rigane también reclamó por un Consejo que se ocupe de la productividad, pues ésta es una de las funciones para las que fue creado.