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Jueves - 05 de Enero de 2012 20:45
“La ley antiterrorista es represiva y atentatoria contra las libertades democráticas”

El dirigente del Partido Obrero, Alejandro Martínez, cuestionó al Gobierno nacional por no haber planteado el tema durante la campaña y se permitió una sospecha: “sacan esta legislación cuando deben hacer ajustes en las cuentas públicas y sobre los trabajadores”. “Está claro que se están preparando para hacer frente a su respuesta”, afirmó.

En diálogo con Punto de Partida (FM 101.9), el ex candidato a intendente reparó: “en ningún momento el oficialismo advirtió que trataría o discutiría esta ley”.

“En época de elecciones – agregó – evitó hablar en forma clara del tema y, después de asumir, la votó prácticamente a libro cerrado… o lo que es peor, con el maquillaje que le aportaron Martín Sabbatella, Carlos Heller y compañía”.

En idéntico sentido, Martínez analizó: “lo curioso es que la aprobación llega casualmente cuando la Nación, las provincias y los estados municipales piensan en aumentos y en ponerle un techo a las paritarias”.

Y continuó: “si bien esta ley fue la presunta consecuencia de un pedido del GAFI, la propia Presidenta ha reconocido que la necesitaba y que por eso la impulsó”. “Aparentemente fue la condición que le pusieron para que nuestro país estuviera en el G20”, añadió.

Asimismo, Martínez dijo: “algunos sectores afines al oficialismo han manifestado criticas, en algunos casos, y reparos, en otros; en definitiva, han ofrecido muchos matices pero negando que la ley reprime las protestas”. “Nosotros, en cambio, no opinamos lo mismo y por eso nos estamos movilizando en todo el país para expresar nuestra postura”, señaló.

A colación, en tanto, subrayó: “este gobierno es el que tiene más presos por manifestarse y más muertos en la lucha popular. Pero, además, durante sus ocho años de gobierno, se incrementó la cantidad de procesados por este tema”. “No queremos imaginar cuántos habrá con esta ley si tenemos cinco mil sin ella”, arremetió.

Y completó: “esta normativa, que deja todos los reclamos populares al arbitrio de jueces y funcionarios, no debe tener vigencia; debe ser derogada ya mismo”.