La causa está dividida en nueve casos y consta de 63 cuerpos y 293 expedientes con documentos.

Junto con Scioli, también están implicados su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez, su segundo, Walter Carbone, su ex titular de Aguas Bonaerenses (ABSA), Guillermo Scarcella y más de 40 exfuncionarios y empresarios.

El excandidato a presidente está imputado por los delitos de asociación ilícita y fraude al Estado, e incluso tráfico de influencias con incumplimiento de los deberes de funcionario público. De ser condenado por alguno de estos puntos, deberá cumplir una prisión efectiva.

Esta causa, denominada “cajas políticas”, investiga la entrega de facturas truchas en gastos de la gobernación, Aguas Bonaerenses, Lotería, Puerto de La Plata, IOMA, gastos mal rendidos de la Jefatura de Gabinete, obra pública, secretaría general de la Gobernación y Dirección de Cultura, entre 2007 y 2015, años en los que Scioli estuvo al mando de la administración bonaerense.

El pasado mes de abril, el fiscal Garganta había citado a indagatoria a Scioli, siendo esta la primera vez que el exgobernador se presentaba a declarar ante la Justicia. En esa oportunidad también se citó al ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller, dueño de Miller Building International SA. Desde ese momento, ya se especulaba con un posible pedido de juicio oral por parte de Garganta.