En el marco de la causa que tramita ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Mar del Plata, las declaraciones de las ex autoridades de la Asociación Vecinal de Fomento Faro Norte, Andrea Trueba y Ruth Mosqueda, han destapado una serie de irregularidades en torno a la cesión de un predio público a la destilería Gin Restinga (BURBARREL S.A.). Según los testimonios, la entidad vecinal habría sido utilizada como una "pantalla" para favorecer a intereses privados, omitiendo consultas a la comunidad y desconociendo la relevancia histórica del terreno, vinculado a la memoria de los derechos humanos.

Uno de los puntos más reveladores de las declaraciones fue el reconocimiento de que la nota que dio inicio al trámite administrativo para la cesión del predio no fue redactada por la Asociación Vecinal. Según relataron las ex autoridades, ellas mismas firmaron el documento en una escribanía, sin conocer su contenido exacto. Andrea Trueba, presidenta de la Asociación en ese momento, identificó a Matías Iriarte, un representante de la destilería, como el "autor intelectual" de la propuesta y admitió que el proceso careció de autonomía por parte de la entidad vecinal.

En el escrito que la Asociación Vecinal presentó al Municipio de General Pueyrredon, se aseguraba que el predio se destinaría a "actividades sociales, culturales y deportivas para la comunidad". Sin embargo, tanto Trueba como Mosqueda no pudieron precisar en qué consistirían esas actividades ni su alcance. Ruth Mosqueda fue tajante al declarar que solo se había planteado un pequeño espacio de comida y un sendero hacia la playa, sin que existiera ninguna propuesta educativa, a pesar de lo que señalaba el documento oficial.

La cesión del terreno, un predio de valor histórico en la zona del Faro Norte, nunca fue discutida en asambleas de socios ni fue consultada con los vecinos del barrio. Las decisiones se tomaron en reuniones informales entre Trueba e Iriarte, sin ninguna participación democrática o debate público. Las testigos también confirmaron que, a pesar de que se mencionaba un canon de 3 millones de pesos en el documento, nunca hubo beneficios reales para la Asociación Vecinal ni para los residentes de la zona.

Uno de los aspectos más alarmantes de este caso es que el predio cedido forma parte de un sitio con un fuerte vínculo histórico relacionado con los Centros Clandestinos de Detención de la dictadura militar. Sin embargo, Trueba y Mosqueda admitieron que no realizaron averiguaciones previas sobre el carácter del predio ni su relación con las violaciones a los derechos humanos. Trueba señaló que ella "no había hecho averiguaciones" sobre el tema, mientras que Mosqueda se enteró de los proyectos alternativos propuestos por organismos de derechos humanos, como la creación de un parque de las infancias, recién cuando el conflicto ya había escalado judicialmente.

Los testimonios ofrecidos por las ex autoridades de la Asociación Vecinal confirman las denuncias de vecinos y organizaciones de derechos humanos, quienes afirman que se utilizó una institución comunitaria para encubrir un negocio privado sobre un terreno con una profunda carga histórica y social. La falta de transparencia, las falsas promesas de actividades sociales y la omisión de una consulta adecuada a la comunidad reflejan graves fallas en el proceso de cesión del predio, que está siendo cuestionado por la sociedad.

Este caso, que continúa en curso judicial, pone en evidencia cómo se pueden manipular las instituciones comunitarias para beneficiar intereses privados, a costa de la memoria histórica y los derechos fundamentales de los ciudadanos.