Una gran manifestación se llevó a cabo este miércoles frente al Palacio Municipal, donde representantes de centros de día, personas con discapacidad y transportistas se unieron para exigir al gobierno de Javier Milei medidas urgentes frente a la grave crisis que atraviesa el sistema de asistencia. Bajo el lema “Sin pagos no hay prestaciones”, los manifestantes reclamaron la regularización de los pagos y un ajuste en los aranceles para asegurar la continuidad de los servicios.

Romina Vaquero, referente del Centro de Día Sol Creciendo, detalló que la falta de actualización de los aranceles y las demoras en los pagos de las obras sociales están poniendo en jaque el funcionamiento de las instituciones. "La situación está complicada. Los aranceles no alcanzan para cubrir los gastos cotidianos, y los pocos aumentos que se hacen no son suficientes", explicó Vaquero en diálogo con Cazador de Noticias.

Asimismo, criticó el atraso en los pagos por parte de las obras sociales, señalando que algunos pagos están pendientes desde hace meses. “El caso más crítico es el de IOMA, que desde diciembre no nos paga nada. El último pago que recibimos corresponde a septiembre. Esto nos está afectando gravemente”, indicó.

Resaltó también que, a pesar de los esfuerzos de los centros de día por seguir ofreciendo un servicio de calidad, la falta de recursos está complicando la atención. “No trasladamos los problemas a las familias, pero la situación está siendo cada vez más insostenible. Además, los transportistas no pueden cumplir con el servicio, lo que afecta directamente a las familias, ya que no pueden llevar a los pacientes a sus tratamientos”, agregó.

Por su parte, Juan Goldar, representante del sector de transporte de personas con discapacidad, manifestó que la situación es insostenible para los transportistas. “Hay colegas que aún no tienen las autorizaciones para 2025, lo que significa que no podrán cobrar por el servicio de este año, ni tienen certeza de cuándo recibirán pagos por los meses anteriores", lamentó Goldar.

También denunció que el valor del kilómetro no cubre los costos operativos, lo que genera una creciente precariedad en el servicio. “El aumento del combustible, la falta de pagos y las autorizaciones pendientes están haciendo que el transporte para personas con discapacidad no se pueda seguir sosteniendo”, explicó.

La protesta, que se desarrolló en el marco de una movilización nacional, dejó en claro que la crisis afecta a todo el sistema de asistencia para personas con discapacidad, desde los centros de día hasta el transporte, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios esenciales.