Una multitudinaria movilización por un nuevo aniversario del "Ni Una Menos" recorrió este miércoles por la tarde las calles céntricas de Mar del Plata. Con una masiva participación de organizaciones sociales, sindicales, políticas y vecinos independientes, la jornada se inició en la tradicional intersección de la avenida Luro e Hipótito Yrigoyen. Tras la lectura de un documento único que trazó una dura radiografía de la situación actual, pasadas las 18 horas comenzó la marcha.

Bajo la bandera central del Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata - Batán, las organizaciones apuntaron directamente contra la gestión de La Libertad Avanza. “Milei es la violencia. El Estado es responsable”, plantearon, al tiempo que advirtieron sobre un “contexto político que alarma por la violencia desplegada por el presidente de la Nación hacia mujeres y disidencias, y la desidia del gobierno municipal que actúa en sintonía”.

La protesta también incluyó reclamos locales y legislativos. Hubo fuertes críticas al proyecto de ley sobre "falsas denuncias" que impulsa la senadora nacional Carolina Losada (UCR). Se visibilizaron pancartas con reclamos dirigidos al intendente Guillermo Montenegro y al concejal oficialista Agustín Neme.

La conmoción por los recientes femicidios adolescentes de Agostina Vega (14 años, en Córdoba) y de Dulce María Candia (17 años, en Misiones) marcó el pulso de una movilización atravesada por el dolor y la exigencia de justicia.

De acuerdo a los datos difundidos por el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven", en los últimos 11 años se registró un femicidio cada 31 horas en la Argentina. “Detrás de cada número hay vidas truncadas y un Estado que sigue sin dar respuestas”, remarcaron desde la entidad.

En sintonía, la CGT Regional Mar del Plata – Batán emitió un duro pronunciamiento: “Esa cifra alarmante debería ser más que significativa para que el gobierno nacional se ocupe de implementar e invertir en políticas de género. Lejos de eso, Milei y sus cómplices intentan instalar el tema de las falsas denuncias”.

Desde la central obrera local calificaron como "urgente" la restitución del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Nación, el desarrollo de políticas públicas de prevención de la violencia en el noviazgo y la implementación real de la Ley 26.485 de Protección Integral. “Exigimos una justicia capacitada en Ley Micaela que deje de ser responsable de que femicidas o agresores caminen tranquilos por las calles”, concluyeron.

Por su parte, el presidente del Partido Justicialista local, Daniel Di Bártolo, junto a la secretaria de la Mujer, Género y Diversidad del espacio, Lorena Medel, denunciaron el impacto directo del "motosierra" oficial sobre los dispositivos de asistencia.

Ambos dirigentes advirtieron que los recortes de la administración nacional afectan severamente las herramientas de prevención y acompañamiento técnico, expresando además su profunda preocupación por los crímenes de Agostina y Dulce.

“La reducción y desaparición de partidas presupuestarias no es una medida económica, es una decisión política que deja a nuestras compañeras en situación de vulnerabilidad y desamparo”, sentenciaron de manera tajante, exigiendo que se redoblen de forma inmediata los esfuerzos estatales para detectar y erradicar las violencias.