El Concejo Deliberante de General Pueyrredon se transformó en el epicentro de un fuerte cruce político local con trasfondo internacional. La comisión de Derechos Humanos aprobó, por mayoría, un despacho unificado que exige una firme intervención de la Cancillería argentina en favor de activistas humanitarios. Sin embargo, más allá de la gravedad del debate global, la sesión legislativa dejó al descubierto una grieta interna dentro del interbloque oficialista, evidenciando el distanciamiento ideológico entre la Unión Cívica Radical (UCR) + Nuevos Aires y el PRO.

La jornada comenzó con los testimonios de Lautaro Rivara y María Victoria Pi de la Serra, dos ciudadanos marplatenses miembros de la organización Global Sumud. Ante los concejales, los activistas detallaron cómo fueron capturados en aguas internacionales por la Armada de Israel mientras integraban una flotilla con ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza. Denunciaron haber sufrido secuestro, incomunicación y vejaciones en centros de detención.

Asimismo, alertaron sobre el alarmante presente de otros dos voluntarios argentinos, María Paula Jiménez y Lucas Ezequiel Aguilera, quienes se encuentran retenidos desde el 24 de mayo por fuerzas de facto en el este de Libia durante una misión terrestre. En este contexto, los expositores lanzaron duras críticas contra la Cancillería Argentina por lo que consideraron una "falta de determinación y sesgo ideológico" para intervenir en el caso.

Frente al estancamiento del debate, la edil Gabriela Azcoitia (UCR + Nuevos Aires) asumió un rol mediador para viabilizar el proyecto. Tras expresar su solidaridad con los afectados y repudiar enérgicamente cualquier tipo de violencia, Azcoitia propuso modificaciones clave para "separar la asistencia humanitaria de las valoraciones políticas". Concretamente eliminar la mención explícita al Estado de Israel en el texto de la resolución y actualizar el documento de manera urgente para incorporar el reclamo por la liberación y asistencia consular de los dos argentinos cautivos en Libia.

Esta postura intermedia fue bien recibida por la oposición. Desde la bancada de AM–MDF (autores de la iniciativa original) aceptaron los cambios con el fin de lograr un pronunciamiento institucional, a pesar de manifestar su disconformidad por retirar el nombre del Estado responsable de las capturas en el mar. Por su parte, la presidenta de la comisión, Valeria Crespo (Unión por la Patria), ordenó unificar la nota de los vecinos con el expediente principal bajo los nuevos términos consensuados.

Por su parte el PRO plantó bandera y votó en contra: "Escuchamos atentamente el relato, pero el espíritu original del proyecto ya quedó abstracto". Con ese argumento, la edil Florencia Ranellucci anticipó el rechazo total de su bloque (PRO) tanto a la resolución como a la comunicación. Desde su espacio político señalaron que, dado que Rivara y Pi de la Serra ya regresaron al país, la exigencia de gestiones por su seguridad carecía de objeto actual.

Al ratificar que no acompañarían ninguna declaración institucional sobre esta problemática, el PRO terminó de sellar la fractura del voto oficialista. De este modo, y gracias a la alianza estratégica entre el radicalismo y los bloques opositores, la iniciativa logró los votos necesarios y fue aprobada por mayoría legislativa.