La causa judicial que investiga la licitación del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y las áreas comunes del Parque de los Deportes ha sumado un avance clave. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°10 de Delitos Económicos citó a declarar como testigos a cuatro concejales de la oposición que rechazaron la adjudicación de estos complejos a la empresa Minella Stadium S.A.

Los ediles convocados son Diego García y Valeria Crespo (Unión por la Patria), junto a Horacio Taccone y Gustavo Pulti (Acción Marplatense). La medida responde a la denuncia impulsada por el fiscal general Juan Manuel Pettigiani, quien busca esclarecer si existieron anomalías en el proceso licitatorio.

La Fiscalía intenta determinar si se cometieron los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El fiscal señaló la necesidad de verificar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por la empresa adjudicataria.

Minella Stadium S.A., integrada por el grupo brasileño Revee y la firma argentina Pro Enter, había anunciado una inversión de 40 millones de dólares durante los 30 años de concesión, además de un esquema de realización de eventos deportivos y espectáculos tanto en el estadio como en el Polideportivo.

Sin embargo, según la denuncia, aún persisten interrogantes sobre la ejecución de las obras comprometidas, los detalles del proyecto definitivo y las condiciones del contrato suscripto con el municipio.

Un punto crítico de la denuncia radica en el perfil de los inversores. Pettigiani puso la lupa sobre el grupo Revee y sus supuestos vínculos con REAG, un conglomerado financiero salpicado en Brasil por el denominado "Caso Banco Máster".

Ante este escenario, la Justicia busca determinar si el municipio de General Pueyrredon realizó los controles pertinentes para garantizar la solvencia de la empresa y constatar la transparencia de los fondos destinados al proyecto. Según el fiscal, la falta de certezas en estos puntos podría poner en severo riesgo el patrimonio público local.