A paso firme avanza la investigación judicial por el trágico siniestro vial protagonizado por el interno 173 de la línea 532, el cual se despistó frene al skatepark, dejando como saldo la muerte de la joven Guadalupe Merlos (18) y heridas graves en otras seis personas. El foco de la causa, liderada por el fiscal Germán Vera Tapia al frente de la UFI N°11 de Delitos Culposos, apunta ahora de lleno a determinar la responsabilidad del chofer de la unidad, quien se encuentra imputado por "homicidio culposo agravado y lesiones culposas", en libertad.

El abogado Maximiliano Orsini, representante de la madre de la víctima fatal y de tres de los heridos —Thiago Vera, María Bosco y Julián Ponce, en lo que ya se conoce como la "tragedia del Skatepark"—, formalizó una serie de requerimientos clave destinados a probar la hipótesis de que el conductor se habría distraído utilizando su teléfono móvil mientras manejaba.

La presentación de la querella exige, en primera instancia, identificar la empresa prestataria del celular del chofer para solicitarle un informe técnico detallado. Específicamente, se pidió el listado completo de llamadas entrantes y salientes, mensajes de texto y el registro del tráfico de datos (uso de internet y aplicaciones) entre las 18:00 y las 19:30 del pasado 22 de junio, franja horaria en la que el ómnibus Mercedes Benz (patente ONS 379) perdió el control en la dársena paralela al Boulevard Marítimo, entre Rivadavia y San Martín, arrollando a los peatones que esperaban el transporte público.

En paralelo, Orsini dirigió un oficio a la Secretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de General Pueyrredon para cruzar datos con la plataforma digital "Cuándo llega" y el sistema de seguimiento satelital de la comuna. Con esto buscan reconstruir el recorrido completo de la unidad durante esa jornada, los horarios exactos de arribo y permanencia en las paradas previas al desastre y los requisitos y normativas vigentes que deben cumplir los colectivos de línea en la ciudad.

Por otra parte, la querella logró frenar una medida clave de la fiscalía. El viernes pasado, Orsini solicitó la suspensión de la pericia mecánica sobre el colectivo, que iba a realizarse en el playón municipal de secuestros. El letrado argumentó que la notificación del trámite no respetó el plazo legal de 72 horas, vulnerando el derecho de las víctimas a presentar un especialista propio.

Tras dar lugar al reclamo, la Justicia confirmó que el procedimiento se realizará de nuevo en una fecha próxima a confirmar, lo que garantizará la participación activa del perito mecánico de parte ya designado por la familia de Guadalupe Merlos.