La Justicia llevó adelante este viernes un operativo en la Clínica Mar del Plata en el marco de una investigación iniciada a partir de tres denuncias: dos vinculadas a presunta falta de asistencia médica y abandono de persona, y una tercera por el fallecimiento de un paciente que habría sido consecuencia de una supuesta mala praxis.

El procedimiento estuvo a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, acompañado por un médico del Ministerio Público Fiscal y efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI). Durante la diligencia, los investigadores secuestraron las historias clínicas correspondientes a los casos bajo análisis.

En el marco del allanamiento no fue posible verificar la situación actual de los pacientes involucrados, ya que uno de ellos falleció y otro había sido derivado a otro centro de salud para realizarse una tomografía.

La medida judicial se concretó mientras la institución atraviesa un conflicto laboral debido a reclamos salariales del personal. Desde el Sindicato de Sanidad de Mar del Plata (ATSA) señalaron que la clínica habría abonado únicamente la mitad de los salarios correspondientes al último período, situación que generó una protesta frente al establecimiento días atrás.

Pese al contexto de tensión, durante el operativo se constató la presencia de profesionales médicos, personal de enfermería y funcionamiento de la guardia.

La investigación se desarrolla en medio de una compleja situación del sistema sanitario marplatense, marcada por una mayor demanda en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) “Dr. Oscar Alende”, donde en las últimas semanas se incrementó la llegada de pacientes que requieren internación y que, según trascendió, no habrían sido recibidos por algunas instituciones privadas.

A esta problemática se suma el conflicto del Sanatorio Belgrano, que dejó de atender afiliados de PAMI por diferencias relacionadas con el convenio y el financiamiento de las prestaciones. La situación generó complicaciones para jubilados y pensionados, algunos de los cuales fueron derivados a otros establecimientos con cobertura vigente, mientras que otros debieron recurrir al sistema público o afrontar atenciones particulares.

En paralelo, clínicas privadas sin convenio con PAMI continúan recibiendo consultas y urgencias de afiliados, aunque muchos pacientes enfrentan dificultades para acceder a la atención debido a los costos, lo que incrementa la presión sobre los hospitales públicos de la ciudad.