El polémico proyecto que busca habilitar un desarrollo comercial en la zona sur de Mar del Plata consiguió un nuevo aval legislativo y quedó a un paso de llegar al recinto del Concejo Deliberante. La iniciativa 1154/26 obtuvo dictamen de mayoría en la comisión de Legislación y, luego de superar también el análisis en Obras, quedó formalmente en condiciones de ser debatida y votada en la próxima sesión ordinaria.

La propuesta impulsada por el oficialismo plantea modificar la zonificación del predio ubicado en avenida Jorge Newbery al 5035 para incorporarlo como Distrito de Equipamiento Específico. En términos concretos, el cambio busca adaptar las normas urbanísticas para permitir el desarrollo del denominado paseo comercial en ese sector de la ciudad.

El avance del expediente, sin embargo, no estuvo acompañado por el mismo nivel de consenso que había exhibido en la comisión de Obras. En Legislación quedaron expuestas las diferencias políticas alrededor de una iniciativa que genera cuestionamientos por su impacto urbanístico y ambiental. La concejal Mariana Cuesta mantuvo el rechazo de Unión por la Patria, mientras que Horacio Taccone, de Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro, y Juan Manuel Cheppi, del Frente Renovador, optaron por abstenerse.

Un aval jurídico que despeja una duda, pero no la discusión

Uno de los principales argumentos utilizados para destrabar el expediente fue un informe de la Secretaría de Legal, Técnica y Hacienda del municipio. El organismo señaló que la medida cautelar vigente sobre el terreno no impide al Concejo Deliberante modificar la normativa urbanística.

La aclaración resulta relevante, pero también pone en evidencia que una eventual aprobación legislativa no significa que el emprendimiento pueda comenzar a construirse de manera inmediata. La Justicia mantiene frenadas las intervenciones materiales en el predio hasta que se presente la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental.

Es decir, el Concejo puede modificar las reglas de uso del suelo, pero esa decisión no reemplaza los estudios ambientales ni habilita por sí misma el inicio de las obras. El proyecto avanza, entonces, por una vía política y normativa mientras persisten condicionamientos judiciales y ambientales.

La compensación urbanística, otro punto bajo la lupa

El expediente también incorporó precisiones sobre las compensaciones que deberá recibir el municipio a cambio del cambio de normativa. Según el dictamen, la obligación económica quedará vinculada al inmueble y deberá ser afrontada por sus titulares o por quienes eventualmente lo adquieran.

La definición busca evitar que los cambios en la titularidad del predio terminen diluyendo las obligaciones económicas asociadas al emprendimiento. Se trata de un aspecto especialmente sensible debido a las modificaciones dominiales y societarias que atravesó el proyecto durante su recorrido administrativo.

Con el dictamen de mayoría aprobado, el expediente superó una nueva instancia clave. Ahora será el pleno del Concejo Deliberante el que deberá decidir si acompaña o rechaza la rezonificación.

La votación tendrá una importancia que excede el trámite legislativo: en juego está la modificación de las reglas urbanísticas para un emprendimiento de fuerte impacto en un sector de la ciudad, en un contexto en el que todavía existen interrogantes ambientales y judiciales. El debate en el recinto deberá determinar si el proyecto representa una oportunidad de desarrollo para la zona o si, por el contrario, supone flexibilizar la normativa urbana antes de contar con todas las certezas sobre sus consecuencias.