Minella Stadium, responsable del Estadio José María Minella, el Polideportivo Islas Malvinas y otros espacios del Parque de los Deportes, enfrenta dos presentaciones judiciales. Una empresa gráfica reclama casi $30 millones y denunció una presunta estafa e insolvencia fraudulenta. Además, un ex vigilador inició una demanda laboral por $25 millones. Los dos conflictos judiciales, en conjunto, superan los $54 millones.

La primera presentación fue realizada ante la Fiscalía N° 10 por Julio Alberto Monzón, responsable de una empresa gráfica, quien denunció a Minella Stadium por los presuntos delitos de 9zestafa e insolvencia fraudulenta.

La denuncia también alcanza a Michael Stura y Christian Garrabos, quienes, según la presentación, se habrían presentado ante Monzón como responsables de las áreas de Operaciones y Finanzas de la concesionaria.

El vínculo comercial comenzó entre fines de noviembre y principios de diciembre de 2025. De acuerdo con el expediente, en ese momento le ofrecieron a la empresa gráfica convertirse en proveedora de cartelería, impresiones y señalización para el Estadio Minella y el Polideportivo Islas Malvinas.

Los trabajos contemplaban cartelería para espectáculos, señalización de seguridad y orientación para los asistentes, tanto dentro como fuera de los establecimientos.

Por las tareas realizadas, la empresa facturó $40.283.940,30. Sin embargo, según el denunciante, solamente recibió $10.804.200, por lo que quedó pendiente un saldo de aproximadamente $29,5 millones, más intereses.

El empresario sostiene que el caso podría exceder un simple incumplimiento contractual. En su presentación, plantea que habría existido una maniobra destinada a generar una apariencia de solvencia y respaldo comercial para obtener trabajos de proveedores, pese a una presunta falta de capacidad financiera para cumplir con las obligaciones asumidas.

A partir de ello, solicitó que se investigue penalmente el caso y pidió distintas medidas de prueba.

Entre ellas, requirió inspeccionar las instalaciones concesionadas para verificar los trabajos efectuados, relevar información bancaria de Minella Stadium y realizar allanamientos en dos domicilios vinculados a la empresa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El objetivo sería secuestrar documentación contable y comercial, además de otros elementos que puedan resultar relevantes para la investigación.

Un exvigilador reclama $25 millones

El segundo conflicto corresponde al ámbito laboral y tiene como protagonista a Luis Basualdo, quien inició una demanda contra Minella Stadium y la empresa de seguridad MK Soluciones.

La presentación fue radicada a mediados de marzo ante el Tribunal de Trabajo N° 4.

Basualdo afirmó que trabajó como vigilador en el Polideportivo Islas Malvinas entre el 5 de noviembre de 2025 y el 16 de enero de 2026, con jornadas de hasta 12 horas diarias.

Según su denuncia, la relación laboral nunca habría sido registrada y tampoco habría percibido correctamente las horas extras, adicionales y otros conceptos salariales. Además, sostuvo que no contaba con cobertura de una ART.

El expediente también incluye un accidente ocurrido el 13 de diciembre de 2025, cuando el trabajador regresaba de su jornada laboral en motocicleta.

Basualdo aseguró que sufrió distintas lesiones y que tuvo que afrontar la atención médica por sus propios medios, debido a que el accidente no habría sido denunciado ante una ART ni habría recibido asistencia por parte de las empresas.

Posteriormente, intimó a las firmas para que regularizaran su situación laboral, reconocieran el accidente y abonaran las sumas que consideraba adeudadas.

Sin embargo, de acuerdo con la demanda, ambas empresas habrían negado la existencia de una relación laboral. Ante esa respuesta, el trabajador se consideró despedido e inició la acción judicial.

El reclamo asciende a $25 millones en concepto de indemnización.

La Justicia deberá determinar las responsabilidades

Entre ambos expedientes, los montos reclamados superan los $54 millones.

Se trata de dos causas diferentes y con acusaciones que todavía deben ser analizadas por la Justicia. En el caso penal, deberá determinarse si existió algún delito y quiénes podrían resultar responsables, mientras que en el fuero laboral se deberá establecer la existencia y las condiciones del vínculo denunciado.

Los expedientes agregan un nuevo foco de atención sobre la concesión de los principales escenarios deportivos de Mar del Plata y ponen bajo análisis el cumplimiento de las obligaciones comerciales y laborales vinculadas con la explotación de esos espacios.