La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon analiza presentar un amparo colectivo para intentar frenar la aplicación de la reforma del Régimen de Zona Fría, aprobada por el Senado de la Nación. La modificación establece nuevas condiciones para acceder a los subsidios al consumo de gas y podría dejar fuera del beneficio a una parte importante de los usuarios del distrito.

El titular del organismo, Marcelo Lacedonia, confirmó que la alternativa judicial está siendo evaluada y sostuvo que existen fundamentos para avanzar por esa vía, debido a que la medida alcanza a usuarios de un servicio público considerado esencial.

Según explicó, el acceso al gas está relacionado con derechos básicos, entre ellos el de contar con una vivienda digna y con condiciones adecuadas de habitabilidad. En ese sentido, consideró que una eventual presentación judicial podría plantear la incompatibilidad de la nueva normativa con principios constitucionales y tratados internacionales de derechos humanos.

La reforma, que todavía debe atravesar las instancias de reglamentación y promulgación, establece restricciones vinculadas con los ingresos del grupo familiar y determinadas condiciones patrimoniales. De acuerdo con las estimaciones difundidas, más de la mitad de los habitantes de Mar del Plata podría dejar de percibir el beneficio.

Lacedonia también cuestionó el alcance del subsidio que permanecería vigente bajo el nuevo esquema. Señaló que la asistencia se concentraría en el componente correspondiente al gas en el punto de acceso al transporte, una parte que representa menos del 20% del valor final de la factura. Por ese motivo, advirtió que la eliminación de los descuentos actuales del 30% o 50% podría traducirse en incrementos superiores al 42% para algunos usuarios.

El impacto también genera preocupación entre sectores productivos que utilizan gas en sus procesos de elaboración. Empresarios y productores advierten que los costos de los servicios públicos ya tienen una incidencia significativa sobre sus estructuras y que una nueva suba podría trasladarse a los precios de los productos, en algunos casos con dificultades para ser absorbida por las empresas.

Desde la Defensoría señalaron además que el incremento de las facturas podría afectar el consumo de los hogares. Lacedonia sostuvo que los recursos que las familias deban destinar al pago del gas dejarán de circular en otros sectores de la economía y pasarán a concentrarse en el pago del servicio.

El funcionario recordó que el esquema vigente se financia mediante un Fondo Compensador integrado con aportes de usuarios de todo el país. Según planteó, quienes pierdan el beneficio dejarán de recibir la cobertura de la actual Zona Fría, pero continuarán contribuyendo al financiamiento del sistema que permanecerá vigente para los distritos que conserven esa condición.

Otro de los puntos señalados por la Defensoría es la situación de los adultos mayores, un grupo con fuerte presencia demográfica en Mar del Plata. Lacedonia advirtió que el aumento del costo del gas podría llevar a algunos hogares a reducir el uso de calefacción durante el invierno, con posibles consecuencias sobre la salud de personas con enfermedades respiratorias o crónicas.

“Esto no pasa un test de razonabilidad”, sostuvo el defensor, quien consideró que la reforma debería ser analizada desde una perspectiva jurídica y constitucional. En esa línea, planteó que, ante una eventual presentación, un juez debería evaluar la norma a la luz de los principios establecidos tanto en la Constitución como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.