El dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata-Batán, integrante de Unidad Socialista, Pablo Aceto, cuestionó el actual sistema de tarifas de los servicios públicos y sostuvo que el modelo energético heredado de las privatizaciones de la década de 1990 constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo productivo del país.
En diálogo con Cazador de Noticias, Aceto se refirió a la reciente discusión en torno a la eliminación del régimen de Zona Fría y advirtió sobre la vulnerabilidad de millones de usuarios frente al costo de los servicios públicos.
En ese sentido, consideró que recurrir a amparos judiciales para frenar los aumentos permite atender la urgencia, pero no resuelve el problema estructural. “Quedarse únicamente en la urgencia de los amparos judiciales significa mirar el síntoma y pasar por alto la enfermedad”, afirmó, al señalar que es necesario revisar el modelo de organización del sistema energético.
Críticas al modelo de privatizaciones
Aceto sostuvo que las privatizaciones de los años 90 no solo implicaron, desde su perspectiva, una pérdida de soberanía sobre recursos estratégicos, sino también la fragmentación de la infraestructura estatal. En particular, cuestionó la división de los sistemas eléctrico y gasífero en generación, transporte y distribución.
Según explicó, esta estructura favorece la participación de distintos actores empresariales que incorporan sus márgenes de rentabilidad a lo largo de la cadena, con un impacto acumulativo sobre las facturas que pagan los hogares, las pequeñas y medianas empresas y los establecimientos productivos.
Para el dirigente socialista, uno de los aspectos más preocupantes del esquema es la falta de inversiones suficientes para garantizar el funcionamiento adecuado de la infraestructura. En esa línea, cuestionó que los subsidios estatales y los sucesivos aumentos tarifarios no hayan asegurado las mejoras necesarias para prevenir problemas en el suministro.
La energía y el desarrollo nacional
El referente socialista también planteó que el actual modelo energético limita las posibilidades de crecimiento de la economía argentina, al priorizar una lógica comercial por encima de las necesidades del mercado interno y de la producción nacional.
“Al concebir la energía como una simple mercancía dolarizada y no como un derecho humano y un insumo estratégico para la industria, el sistema impone un techo de cristal al crecimiento del país”, expresó.
Asimismo, advirtió que el encarecimiento de los servicios puede restringir el consumo de los hogares y elevar los costos de producción de las empresas, con consecuencias sobre la actividad económica y el empleo. En su análisis, esta dinámica favorece una orientación exportadora que entra en tensión con las necesidades energéticas de la población y de la industria local.
El reclamo de una nueva planificación energética
Finalmente, Aceto cuestionó la distribución de los recursos generados por el sistema y sostuvo que su funcionamiento actual beneficia principalmente a las grandes corporaciones, en detrimento de los sectores trabajadores.
Frente a este escenario, propuso revisar la estructura vigente y recuperar la planificación centralizada de la energía como herramienta para impulsar el desarrollo industrial, fortalecer el mercado interno y garantizar una mayor inclusión social.
“Desarmar este engranaje parasitario y recuperar la planificación centralizada de la energía es el paso fundamental si se pretende construir una economía con inclusión social y autonomía estructural”, concluyó.











