Los profesionales integrantes de los once Centros de Protección de Derechos de la Niñez, - Servicios Locales conforme denominación de la ley 13.298- dependientes de la Dirección de Niñez y Juventud Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredón, cuyas funciones son las de intervenir en toda situación donde se tome conocimiento de la vulneración, restricción o amenaza de derechos de los niños y adolescentes por demanda espontánea o por derivación de instituciones como el poder judicial, escuela etc. Como así también las de ejecutar programas, servicios y acciones de prevención, asistencia, promoción y restablecimiento de derechos a los niños, a través de una declaración, que lleva la firma de la Dra. Rosana Martínez y las Lic. Gabriela Arias y Alejandra Linardi, expresan:
“Que estas unidades operativas fuimos creadas hace más de dos años y nuestras funciones y obligaciones han cambiado notablemente con la entrada en vigencia de la ley 13.298. Por ello comenzamos a reclamar no sólo la estabilidad laboral, sueldos dignos – los profesionales abogados, psicólogos y trabajadores sociales perciben un sueldo por debajo del costo de la canasta familiar- sino también la urgente implementación de programas, becas, etc., que den cuenta de un verdadero interés de la actual gestión municipal por la situación de los niños de la ciudad de Mar del Plata y sus familias”.
“Luego de varios meses de intentar tener un diálogo con el intendente Katz el cual nunca nos quiso recibir, y luego de escuchar por parte de funcionarios múltiples promesas que nunca se cumplieron las que tenían un objetivo meramente dilatorio donde queda claro que no es política del estado municipal ocuparse seriamente de la niñez”.
“Por tal motivo hemos acordado no tomar ningún caso nuevo, ni ocuparnos de las urgencias debido a que al no estar garantizada nuestra estabilidad laboral y las situaciones que abordamos requieren de continuidad, si se desea implementar una estrategia que modifique la realidad de los niños de nuestra ciudad”.
“Esta medida continuará –dijeron las profesionales -hasta que el Intendente o el electo escuche nuestro reclamo”.