La situación fiscal de las provincias es cada vez más delicada. A punto tal que en las últimas horas varios gobernadores le plantearon a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la necesidad de derogar con urgencia varios artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, una norma que rige desde 1993 y entre otros aspectos le pone límites al endeudamiento de las jurisdicciones, para intentar que mantengan una situación presupuestaria balanceada.

Quien llevó la voz cantante entre los gobernadores fue el mendocino Celso Jaque y según trascendió habría obtenido el guiño de Cristina para presentar en el Congreso un proyecto consensuado con el resto de las provincias, para derogar parcialmente la Ley de Responsabilidad Fiscal. En total, son 16 los distritos que –asfixiados financieramente– estarían de acuerdo en impulsar la medida.

Concretamente, se intentarían modificar dos artículos. El número 10 indica que los servicios de la deuda no pueden representar más del 15% de los ingresos corrientes (netos de Coparticipación y aportes de municipios). Y el número 19, que prohibe cerrar el ejercicio fiscal del año con déficit financiero. El objetivo que persiguen los gobernadores es tener las manos libres para poder emitir más deuda, y así lograr pagar salarios y cerrar las cuentas provinciales.

En los hechos, desde hace meses varias provincias han logrando cumplir con la Ley de Responsabilidad Fiscal apelando a “contabilidad creativa” y reasignando partidas. La derogación parcial de esta norma no haría más que sincerar una realidad.

“La situación es preocupante, y requiere tomar medidas de carácter excepcional. Es de sentido común que en periodos de contracción del ciclo económico, tanto el Ejecutivo como los gobiernos provinciales intenten revertir la tendencia del ciclo. En este caso ello implica ampliar los límites de endeudamiento y por supuesto cumplir en tiempo y forma con el pago de salarios, porque es la base que alienta el consumo”, señalaron a El Cronista desde el entorno del núcleo de gobernadores que promueven la reforma de la ley de Responsabilidad Fiscal.

Varios mandatarios provincias también impulsan una mayor flexibilidad para poder trasladar recursos destinados a gastos de capital (obras de infraestructura e inversiones) hacia el rubro de gastos corrientes, para poder hacer frente a la creciente erogación que implica el pago de salarios.

No son pocos los mandatarios que inclusive es espernanzan con arrancarle a Cristina el anuncio de un nuevo adelanto de la Coparticipación Federal. Además de la vía libre para sellar el Programa de Asistencia Financiera 2009.

Según un estudio realizado por la consultora Economía & Regiones, las provincias en su conjunto tendrán en 2009 un déficit primario (sin contabilizar el pago de intereses de la deuda) de $ 6.349 millones, luego de seis años consecutivos de equilibrio o superávit presupuestario. En tanto, si se contempla el resultado financiero (incluyendo los intereses) el rojo de las 24 jurisdicciones llegaría a los $ 9.812 millones.

En este contexto, entre las opciones que barajan hoy los gobiernos provinciales no se descarta volver a emitir cuasimonedas, como ocurrió en la crisis de 2001/2002. Varios distritos también tienen en puerta emisiones de deuda, a la espera de que mejoren las condiciones del mercado.
Sin ir más lejos, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti y el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Arlía, adelantaron semanas atrás iniciativas parlamentarias para que –partir del 10 de diciembre cuando asumen los nuevos senadores y diputados– la reforma de la Coparticipación sea colocada al tope de la agenda legislativa.

Los casos de Buenos Aires y Córdoba no son aislados. Alrededor de 20 de las 24 provincias terminarán el año con déficit. La situación de Buenos Aires es probablemente la más delicada. Su déficit llegará a $ 5.000 millones este año.

Fuente: El Cronista