Tres reconocidos empresarios comenzaron a ser juzgados por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata, instancia a la que llegaron acusados por obtención fraudulenta de beneficios fiscales por más de 90 hechos que involucraron a casi 20 millones de pesos en la segunda mitad de la década del ´90, aunque después de la primera audiencia del juicio el debate fue reducido por los jueces a tres hechos que totalizan casi 4,5 millones de pesos.

Los imputados son los empresarios Victorio Américo Gualtieri (60 años), Saverio Nicolás Gualtieri (62 años) y Hugo Alberto Barreña (67), presidente, vicepresidente y director de la ya quebrada firma Victorio Américo Gualtieri S.A. (VAG S.A.), respectivamente.

En el juicio intervienen el fiscal subrogante Julio Darmandrail y el fiscal ad hoc Carlos Martínez, quienes son asistidos por el coordinador del área de Delitos Tributarios y Contrabando de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Juan Zoni.

En el demorado debate -el requerimiento de elevación a juicio fue suscripto en septiembre de 2005- se ventilarán las supuestas maniobras de los imputados para obtener diferimientos en el pago de los impuestos a las ganancias y al valor agregado (IVA) en el marco de la denominada ley de promoción de empresas en las provincias de San Luis, La Rioja y Catamarca.

Según la acusación fiscal, en los tres hechos que se juzgarán los empresarios lograron diferir entre 1996 y 1998 montos de 346 mil, 3,4 millones y 800 mil pesos luego de invertir en empresas incluidas en los regímenes de promoción. La maniobra consistió en invertir el dinero, que luego volvía a la empresa inversora por la vía de un préstamo. De esa forma, el dinero ingresaba a la firma promocionada e inmediatamente regresaba a dónde había salido, sin que la inversión fuera tal.

“Los imputados efectuaban depósitos en las cuentas bancarias de cada una de las promocionadas, ya sea mediante cheques propios de sus distintas cuentas o en efectivo, y en fechas muy cercanas volvían las mismas sumas, total o parcialmente, a la empresa inversionista, no efectuándose la inversión propuesta y limitándose a realizar asientos en los libros contables de ambas empresas o solamente quedando como constancia los depósitos bancarios”, señaló el fiscal de instrucción Ramiro González en el requerimiento de elevación a juicio.

Los diferimientos impositivos permiten a las empresas o a las personas que los gestionen retrasar el pago de los tributos por determinados períodos, que pueden llegar a varios años y sin ningún tipo de interés. Se trata de beneficios dispuestos por ley para alentar inversiones en determinadas regiones del país alcanzadas por los regímenes de promoción.

Los casos en el debate oral involucran los diferimientos de 800 mil pesos de impuesto a las ganancias por una falsa inversión en 1996 de VAG S.A. a la empresa Valle Oeste S.A por poco más de 1 millón de pesos; el diferimiento de 346.138,16 pesos en concepto de IVA por una alegada inversión en 1997 a la empresa Manantiales del Oeste S.A por alrededor de 460 mil pesos; y el diferimiento de 3.410.950,55 pesos de IVA en el marco de una ficticia inversión de poco más de 4,5 millones de pesos en la empresa Agronuez S.A. en 1998.

El caso tiene la particularidad de que esas tres firmas promocionadas tenían relación directa con VAG S.A.: el imputado Barreña era director suplente en las tres.

El debate, que comenzó el jueves pasado, está a cargo del TOCF de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone (presidente) y Mario Portela y Néstor Parra. Este jueves declararán los últimos testigos y está previsto que el viernes se realicen los alegatos de la fiscalía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos, que es querellante.

El juicio comenzó el jueves pasado con una fuerte discusión en torno a los hechos materia de debate, que derivaron en que el TOCF decidiera acotar la base de discusión a sólo tres de los más de noventa casos por los que se acusa a los empresarios. Los jueces arribaron a esa decisión porque consideraron que había deficiencias en la elevación a juicio de la gran mayoría de los hechos y dispusieron reenviarlos a la fase de instrucción.

También, dispusieron que la acusación se circunscribiera al delito de obtención fraudulenta de beneficios fiscales.

Los fiscales, en tanto, sostuvieron la acusación por todos los hechos y por el delito más grave de utilización fraudulenta de beneficios fiscales, de manera tal que formularon reserva de casación y actualmente trabajan en un recurso ante el máximo tribunal penal.