A seis meses del atentado contra Cristina Kirchner, se conoció un nuevo avance en la causa que investiga los 13 millones que Caputo Hermanos, empresa de Nicolás Caputo, exfuncionario de Mauricio Macri, le abonó a Jonathan Morel: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de los proveedores de la firma para realizar trabajos de carpintería y equipar el edificio Espacio Añelo, en la región neuquina de Vaca Muerta.

La Justicia intenta determinar si la contratación de la carpintería de Morel, el líder de Revolución Federal, pudo haber tenido otra finalidad. Para la vicepresidenta y sus abogados, esa agrupación estuvo vinculada al intento de magnicidio ocurrido en su contra.

La medida económica, que fue solicitada por el fiscal Gerardo Pollicita, fue dispuesta para determinar si se proveyó algún servicio a la familia Caputo o si le cedieron facturas. El fiscal había pedido el levantamiento del secreto fiscal y bancario de una mujer, María Isabel Said, que figura como proveedora de mobiliario de la empresa.

La fiscalía y ahora el juez buscan determinar los movimientos económicos de Said en el "periodo comprendido entre mayo 2021 hasta la actualidad”. Para ello, piden contar con información bancaria relativa a las transferencias que pudiera haber recibido provenientes de personas involucradas en el caso.

También se pone la lupa respecto de Oscar Sosa, padre de Leonardo Sosa, uno de los principales referentes de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal. En poder de este último fueron hallados u$s50 mil durante un procedimiento.

El juez pidió los movimientos de las cuentas de Sosa para conocer "las transferencias registradas, datos del ordenante y del destinatario" y detalles sobre los cheques, "fecha, monto, moneda, librador, beneficiario y endosante". Todo apunta a determinar el origen y destino de los fondos.

El juez dispuso el levantamiento de otros ocho proveedores del Fideicomiso Espacio Añelo, entre ellos Zetamix S.A, Dormipol S.A, Gioluce SRL, Cooperativa de Trabajo de los Artesanos, y otros, según confirmaron fuentes judiciales.

Las medidas ordenadas por el juez apuntan a determinar si, a través de pagos supuestamente por la compra y provisión de mobiliario, Revolución Federal recibió financiación por parte de Caputo Hermanos para realizar sus actividades.

Jonathan Morel y otros tres integrantes de Revolución Federal están procesados en una causa en la que se investiga a una asociación que buscó imponer sus ideas o "combatir las ajenas por la fuerza o el temor".

El juez consideró en su momento que la causa debía tramitar junto a la investigación que lleva adelante su colega María Eugenia Capuchetti por el atentado contra Cristina, pero los casos siguen separados.

La unificación de las causas es reclamada por Fernández de Kirchner, al considerar los vínculos que podrían unir a Revolución Federal con los procesados por el intento de homicidio en su contra.