El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, firmó este sábado un decreto que nacionaliza el litio, mineral estratégico para el desarrollo de nuevas tecnologías, a fin de que su explotación sea exclusiva del gobierno.

Esta medida se complementa con una reforma aprobada en abril de 2022 que considera el litio como propiedad de la nación.

“Lo que estamos haciendo ahora es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos”, dijo el presidente en el municipio de Bacadéhuachi, en el estado de Sonora (noroeste).

Este distrito, fronterizo con Estados Unidos, concentra los mayores yacimientos de litio y ha sido elegido por el presidente izquierdista para lanzar un ambicioso programa denominado Plan Sonora para explotar este mineral.

López Obrador explicó que ahora sigue la parte tecnológica del litio. “Están buscando la forma de extraerlo, de procesarlo”, dijo.

El anterior gobierno había otorgado una concesión a Bacanora Lithum, una empresa inglesa que pasó a ser propiedad de una compañía china y cuyo contrato está siendo revisado por el gobierno.

Sólo en 23 países se ha detectado presencia de litio y se estima que México ocupa la décima posición en reservas, según la secretaría de Energía.

Sin embargo, según expertos en materia energética, aún se desconoce si se cuenta con la suficiente cantidad de este mineral para su explotación y si será económicamente rentable y amigable con el medio ambiente.

El litio, fundamental para el desarrollo de baterías de autos eléctricos y otras tecnologías, se explota principalmente en Sudamérica y Australia, y China domina la cadena de suministro.

El gobierno mexicano ha invitado a países productores de litio y a empresas a participar en el Plan Sonora, entre ellas al fabricante de autos eléctricos Tesla, que se espera instale una planta en México.

López Obrador comparó esta nacionalización con la expropiación petrolera de 1938, que dejó en manos del Estado la explotación del denominado oro negro hasta 2013.

Ese año, se aprobó una reforma constitucional que abrió el mercado a entes privados nacionales y extranjeros y que ahora López Obrador busca revertir con polémicas reformas secundarias.