El anuncio sobre la llegada del transporte Uber a la provincia de San Luis generó malestar entre los taxistas, que ven amenazada su fuente de trabajo, y movilizó a funcionarios comunales y a los concejales de la ciudad capital a tratar el tema y aclarar la situación operativa de la empresa.

El secretario de Gobierno Municipal, Andrés Russo, aclaró que Uber “no ha solicitado autorización para funcionar en la ciudad y tampoco cumple con los requisitos exigidos por la ordenanza que regula taxis y servicios contratados para el transporte de pasajeros” y dijo que cualquier persona que realice este tipo de actividad está “fuera de la normativa”.

Por su parte, el secretario de Transporte y Seguridad Ciudadana Municipal, Facundo García, aclaró que “tanto el servicio contratado como el servicio de taxis tiene sus respectivas ordenanzas donde tiene detallado su funcionamiento” y la documentación que tiene que completar y que el municipio no recibió ningún pedido formal de autorización.

Informe

En tanto, en el Concejo Deliberante capitalino se presentó ayer un informe de la Comisión de Transporte, donde se señaló que de acuerdo a la legislación vigente los únicos autorizados a transportar pasajeros en la ciudad de San Luis son los taxis y Transpuntano, los demás son «ilegales».

En el órgano deliberativo comunal se señaló que la legislación vigente no lo permite y además tomó estado legislativo una propuesta para elevar a más de un millón de pesos la multa para aquellos que transportan ilegalmente pasajeros.

La multa se rige por Unidades Monetarias Municipales (UMM) y la pretensión de la Asociación de Taxis es que se lleve de las 160 actuales a 64.000 UMM.

El valor de la UMM es de casi 16 pesos y la multa saltaría de poco más de 2.500 pesos a más de un millón.(Télam)