Coherente con su historia los proyectos neoliberales se repiten en sus soluciones ante temas tan complejos como lo son la violencia social, la exclusión y el delito. En esta ocasión, de la mano de plantear el retiro del estado en Ciencia y Técnica, la destrucción de la industria local, la pauperización del mercado interno, vuelven a desempolvar planteos que tienen que ver con la baja de inimputabilidad. Cabe recordar que el actual Régimen de Responsabilidad Juvenil incluye el juzgamiento de los menores de 16 años hasta los 18 años, quienes son alcanzados por el Código Penal con un sistema especial acorde a su edad.

La discusión ahora se centra en bajar esa edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. Casualmente lo plantean desde el mismo Frente Cambiemos que fueron quienes se negaron a votar a favor de establecer el voto a los 16 años, por considerar que a esa edad los jóvenes no se encontraban capacitados para interpretar la responsabilidad de sus actos. Nos atraviesa la paradoja que los mismos que argumentan que no tienen capacidad para votar a los 16 son lo que hoy plantean que el sistema penal va a disuadir a jóvenes de 14 a 16 años a no cometer delitos. Nuevamente aparece la mano mágica del sistema penal creando ilusiones que no se condicen con la realidad.

Lo cierto es que la razonabílidad de un sistema penal no se la podemos pedir a las familias victimas de hechos delictivos atravesadas por el dolor y el sufrimiento, pero tampoco podemos renunciar a ello. Modificar la legislación en este sentido debería procurar algo mas que un discurso demagógico y punitivo para obtener apoyos circunstanciales ante el estupor que generan los hechos de inseguridad en la población.

En tal sentido, nuestra oposición a la baja de edad de imputabilidad no es por un posicionamiento dogmático, es por el convencimiento que dicha medida en nada modifica la actual situación de inseguridad y agrava sí la persecución y estigmatización de un grupo social que de por si soporta dichos padecimientos con regularidad. Recurriendo a estadísticas confiables que dan por tierra con los supuestos, vemos que el último informe del Sistema Informático del Ministerio Publico (SIMP) de la Pcia. de Bs. As. da cuenta que de un total de 746.526 Investigaciones Penales Iniciadas en todo el 2015 en la Provincia de Bs. As. solo el 3,5 % fueron iniciadas a menores de 18 años. Lo expuesto contraria la suposición de que nuestra mayor complejidad delictual pase por los delitos cometidos por menores de 18años.

Pero también hay que decir que otro de los argumentos vertidos para la reforma penal que se pretende, hace hincapié en los delitos graves convertidos por esta franja etaria. Siempre hablando de los delitos cometidos por jóvenes de 17 y 16 años, los datos que provee el SIMP dan cuenta que del 100% de los delitos cometidos, solo el 1,5% implica un homicidio, el resto son delitos que incluso quedarían por fuera de la reforma mencionada. Como son las Amenazas (8,33%), Lesiones leves (13.5%), Infracción ley Estupefacientes (6.7%), Encubrimiento (6,7%).

Todo lo expuesto no rechaza que ante la comisión de un daño, una lesión, un robo o el extremo que lleve a quitar la vida de una persona, realizado por jóvenes de entre 14 y 15 años no tengan que tener una respuesta por parte del Estado, lo que discutimos es la construcción del sujeto peligroso en el marco de políticas publicas que perjudican a las clases populares, discutimos que se falseen los datos, discutimos que se plantee al derecho penal como una solución a una problemática que mas que nunca a tan temprana edad es social y de contención, y discutimos que ante un retiro del estado en sus políticas sociales y educativas nos quieran plantear que se va a desincentivar el delito por la amenaza penal de imputación, en una franja etaria 2 años mas jóvenes de aquellos a los que este mismo grupo político argumentaba que no tenían capacidad de comprender la emisión de su voto.

Aclaración: La opinión vertida en este espacio no siempre coincide con el pensamiento de la Dirección General.