Mucho se ha dicho, se ha gritado, se ha silenciado en estos días. Las voces de la absolución y la inocencia se levantaron con más fuerza que nunca.

Pero no es eso lo que se juzgó en el jury de enjuiciamiento a Pedro Federico Hooft, para nada. Lo que se ventiló en ese juicio político fue si existían causales o no destitución de un magistrado. La no destitución del mismo no es equivalente a inocencia, ni a absolución; aun cuando mediante confusión quieran generar esa sensación

Contra Pedro Hooft se inició una causa penal por su participación en delitos de lesa humanidad en la última dictadura civico- militar y un juicio de enjuiciamiento. NO HAY QUE PERDER DE VISTA QUE HOOFT NUNCA SE PRESENTO A DECLARAR EN LA CAUSA PENAL, A PESAR DE HABER SIDO CITADO CINCO VECES A PRESTAR DECLARACIÓN INDAGATORIA COMO IMPUTADO DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD y no pudo ser detenido POR SUS FUEROS.

En consecuencia, el avance del jury se hacía imprescindible para el avance de la causa penal. Destituir a un juez investigado penalmente, para que no goce de privilegios y sea sometido a la investigación, como sucede con cualquier ciudadano de a pie, que es imputado de cualquier delito. Con el dato distintivo y no menor, que en el caso teníamos un juez en funciones, que desoía el llamado de la justicia, vaya contrasentido. Un magistrado que pretende hacer justicia, no tenía ni tuvo nunca el valor de someterse a la misma tal como él pretende lo hagan las personas que juzga, con la diferencia que él tiene la facultad de arrestarlo si esa persona no obedece a su llamado; y él no puede ser arrestado justamente por esa facultad que ejerce sobre otros.

Debe verse además que el ESTADO ARGENTINO tiene obligaciones internacionales que lo obligan a actuar , a investigar acabadamente, a enjuiciar y a condenar a los responsables de los crímenes internacionales y dado que Hooft no comparecía, el jury era el único camino de garantizar que se pueda cumplir con esa manda.

Si Hooft fuera inocente, permítanme decirles, concurriría a la indagatoria y daría explicaciones, ejercería su derecho de defensa y su garantía a ser juzgado en un plazo razonable. Llevamos 8 años de causas judiciales que han sido constantemente dilatadas por artilugios del magistrado, que evita cobardemente dar explicaciones. Como quien sabe que la prueba en su contra es tan contundente que mejor ni sentarse en el banquillo.

Con este resultado, la resolución del jurado de enjuiciamiento de no destituir a Hooft, la causa penal quedará congelada y la investigación no podrá progresar, volverá a negarse a comparecer AMPARADO EN SUS FUEROS.

De esa decisión fue parte el legislador provincial Buil, del Gen. Quien emitió su voto desde su convicción personal o vaya a saber motivado porque. Pero lo cierto es que esa decisión no fue consensuada si quiera consultada por las fuerzas del Frente Amplio Progresista de Mar del Plata. La voluntad de Buil no expresa en lo más mínimo la voluntad de esta fuerza política. Muy por el contrario, esa decisión y particularmente su voto se contraponen con el acuerdo fundante de este espacio político, que entre sus principios encuentra el de garantizar la justicia para todos los crímenes de lesa humanidad. Deberá por tanto dar explicaciones sobre su accionar.

Si Hooft es responsable penalmente o no de esos delitos, es una decisión que corresponde a la justicia penal, y el jurado tenía que garantizar el accionar de la justicia. Buil no lo garantizó, y eso es contradictorio con los principios fundantes del Frente Amplio Progresista. Claro está que conozco las actuaciones, pues mi desempeño como abogada en las causas de lesa humanidad en los últimos 6 años así lo indica, y tengo la certeza necesaria para alegar su responsabilidad. Sin embargo no era el punto a dilucidar, los abogados y legisladores integrantes del jury debían garantizar que la justicia investigue. Los jueces no son intocables, y en el caso parece que sí, que aun cometiendo los delitos más aberrantes son intocables.

Ni jueces, ni legisladores, ni funcionarios públicos son intocables, todos deben rendir cuentas por su accionar pues son justamente servidores públicos. Y máxime si hablamos de accionar criminal.
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