En declaraciones al programa Gambini en la Red, Diego Oviedo, trabajador de la Unidad Turística Chapadmalal, denunció que los empleados del complejo fueron intimados a desalojar las viviendas que ocupan en los pabellones del lugar en un plazo de 10 días corridos. Según explicó, la mayoría de los residentes lleva viviendo en estos departamentos entre 15 y 20 años y aclaró que no generan gastos adicionales al Estado, ya que cada familia paga sus propios consumos de luz y gas.

“Nos dan diez días para desalojar, y quiero dejar claro que no le estamos generando ningún gasto extra al Estado. Cada departamento tiene su propio medidor de luz a nombre del ocupante y nos manejamos con garrafas. No estamos mantenidos por el Estado”, destacó Oviedo, quien aseguró que más de 30 familias se verían afectadas por esta medida.

Los trabajadores expresaron su preocupación por las implicancias del desalojo, temiendo que este paso sea parte de un plan más amplio para terminar con sus empleos en la Secretaría de Turismo, a pesar de seguir siendo empleados públicos hasta el momento. "Tenemos miedo de que esto sea el primer paso para dejarnos sin trabajo. Aún somos empleados de la administración pública", manifestó Oviedo.

El conflicto surge en medio de la intención de licitar la Unidad Turística Chapadmalal por 30 años, un proceso que inicialmente se pensaba que se limitaría a los hoteles, pero que ahora involucra también a las viviendas de los empleados. "Nos dijeron que la idea era licitar los hoteles, y pensábamos que la empresa concesionaria podría absorbernos como empleados. Nunca imaginamos que nos iban a notificar el desalojo", expresó el trabajador, quien mostró su sorpresa ante la situación.

Actualmente, las familias afectadas están recibiendo asesoramiento legal de los abogados de diversos gremios para determinar los pasos a seguir. Además, Oviedo puntualizó que los pabellones en los que viven no forman parte de ningún hotel, a pesar de estar dentro del complejo, y aseguró que si los hoteles aún no han sido "usurpados" es porque los empleados mantienen la guarda de los inmuebles.

El futuro de los trabajadores y sus familias permanece incierto, y la tensión crece ante la proximidad del plazo para desalojar.