Organismos de Derechos Humanos criticaron la decisión del Juzgado Federal N°3 de levantar la medida cautelar que frenaba el inicio de obras para un bar de gin en los terrenos linderos al Faro de la Memoria, en la zona sur de la ciudad. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado repudió la resolución del juez Santiago Inchausti, señalando que el predio de la ex ESIM, centro clandestino de detención durante la dictadura, no debería ser explotado comercialmente.

La cautelar, otorgada por la Cámara Federal de Apelaciones en noviembre pasado, había sido extendida hasta el 5 de mayo y buscaba permitir una inspección técnica preliminar con georradar para preservar posibles pruebas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Desde la Asociación cuestionaron que el juez avanzara sobre la medida mientras la causa se encuentra en revisión.

Los abogados del organismo ya presentaron ante la Cámara un pedido de nulidad, alegando violación del debido proceso. En un comunicado titulado “Mar del Plata, ciudad de negociados”, denunciaron que el canon mensual de $250.000 para el proyecto de la firma Burbarrel refleja intereses comerciales sobre un sitio de valor histórico.

El organismo también criticó declaraciones del oficialismo local, que vinculan la instalación del bar con generación de empleo, y reiteró que el predio debe preservarse como espacio de memoria y posible fuente de pruebas judiciales. “No se puede hablar de progreso cuando se transforman lugares atravesados por el horror en negocios privados”, concluyeron, reafirmando las consignas de “Memoria, Verdad y Justicia” y “Nunca Más”.