La Fiscalía General, encabezada por Fabián Fernández Garello, resolvió avanzar con un pedido de controles extraordinarios sobre los colectivos que prestan el servicio de transporte público en General Pueyrredon, en el marco de la investigación por la tragedia ocurrida en inmediaciones del Skatepark.

La decisión surgió a partir de una presentación realizada por particulares damnificados, con el patrocinio del abogado Maximiliano Orsini, quienes habían advertido sobre las deficiencias detectadas en el colectivo involucrado en el siniestro y reclamaron que se verificara el estado de otras unidades que continúan en circulación.

En su resolución, Garello consideró atendibles los argumentos planteados y destacó la gravedad del caso, tanto por la importancia del bien jurídico afectado como por la cantidad de víctimas. En ese contexto, ordenó librar oficios a los organismos responsables del control del transporte para que evalúen la realización de inspecciones técnico-mecánicas.

La medida fue dirigida a la Dirección de Contralor de Transporte de la Municipalidad de General Pueyrredon y al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Ambos organismos recibirán información sobre el planteo judicial y deberán analizar, dentro de sus respectivas competencias, la conveniencia de controlar las condiciones mecánicas de las unidades destinadas al transporte público de pasajeros.

Uno de los aspectos que la Fiscalía puso especialmente bajo la lupa es la situación de los colectivos que continúan prestando servicio a través de regímenes excepcionales de extensión de vida útil. Las familias de las víctimas ya habían cuestionado ese mecanismo y planteado la necesidad de determinar si las fallas encontradas en el vehículo siniestrado fueron particulares de esa unidad o podrían presentarse también en otros colectivos habilitados.

Como parte de la documentación que acompañará los oficios, la Fiscalía dispuso incorporar una copia digital de la pericia mecánica y de los informes de Verificación Técnica Vehicular emitidos por APPLUS e ITUBE Argentina. La intención es aportar elementos para fortalecer los controles y prevenir nuevos hechos de similares características.

La presentación que dio origen a la medida se basó en una pericia mecánica de parte que detectó distintas deficiencias en componentes esenciales del colectivo. Entre ellas, se señalaron anomalías en el sistema de dirección, el circuito neumático de frenos, el cinturón de seguridad del conductor, la butaca, el instrumental y diferentes sectores de la carrocería.

También quedó bajo análisis el historial de la unidad en la Verificación Técnica Vehicular. Según la documentación incorporada al expediente, el colectivo había sido rechazado durante una inspección realizada el 16 de abril. Sin embargo, ese mismo día fue sometido a una nueva revisión y finalmente obtuvo la aprobación correspondiente.

El siniestro, ocurrido en las inmediaciones del Skatepark, terminó con la muerte de Guadalupe Oriana Merlos y dejó además varios heridos de gravedad. Desde entonces, sus familiares vienen reclamando que la investigación avance más allá de la responsabilidad del conductor de la línea 532 y contemple también las condiciones de mantenimiento, los controles y las habilitaciones de las unidades.

La causa tuvo además otros planteos vinculados con la reconstrucción del hecho. Entre ellos, la querella solicitó semanas atrás la nulidad de determinadas pericias y el análisis del teléfono celular del chofer, mientras continúa la investigación destinada a establecer las responsabilidades por el siniestro que conmocionó a Mar del Plata.

Con esta resolución, la Fiscalía dio curso a uno de los principales reclamos de las familias: que las autoridades competentes determinen si los colectivos que actualmente circulan por General Pueyrredon cumplen con las condiciones de seguridad necesarias y si las unidades que cuentan con extensiones excepcionales de vida útil necesitan controles adicionales.