La Cámara de Diputados dio media sanción a una nueva ley de Discapacidad. Después de un debate extenso, la iniciativa sumó 237 votos positivos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Ahora, será enviada al Senado para que se revisen todos los cambios que propuso la oposición y aceptaron los legisladores del oficialismo.

El bloque de La Libertad Avanza avanzó con su propio dictamen con el respaldo de sus aliados y de los bloques de Unión por la Patria y Provincias Unidas.

En un giro inesperado, el Gobierno logró desactivar uno de sus frentes políticos más sensibles. El dictamen de mayoría, denominado "Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad", toma en cuenta gran parte del esquema de beneficios plasmados en la ley 27.793 sobre Discapacidad. Eso sí, le quita el carácter de emergencia y transitoriedad, convirtiéndola en una norma de orden público, con efectos permanentes, que exceden los gobiernos de turno.

Los principales cambios

Entre las modificaciones más destacadas, el proyecto eleva a rango de ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, un aspecto que hasta ahora dependía exclusivamente del Poder Ejecutivo. Entre las exigencias figuran contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

Asimismo, el texto mantiene vigente la Ley 26.816 de empleo protegido y refuerza su respaldo presupuestario: si los fondos del Ministerio de Salud resultan insuficientes, se recurrirá al Tesoro Nacional. Además, se garantiza que los recursos por beneficiario no pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

Un punto central es la deuda con los prestadores, que asciende a unos $278.323 millones -reclamo expresado firmemente por el PRO-. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo dispondrá de 30 días tras la promulgación para presentar un cronograma y de un plazo máximo de 90 días para saldar el monto total.

Respecto a las pensiones por invalidez, la propuesta garantiza la cobertura médica básica del programa Incluir Salud y restablece la actualización mensual por inflación del nomenclador, un mecanismo que había sido eliminado en el borrador original del presupuesto.

El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, jefe del bloque Argentina Federal, encabezó la articulación de estos reclamos en un dictamen presentado en el recinto. Allí integró tanto sus propios aportes como las concesiones cedidas por el Gobierno durante la tarde, las cuales terminaron por inclinar la balanza a favor del oficialismo.

Durante su intervención, Herrera Ahuad exigió al Ejecutivo el compromiso de retirar el Capítulo VI del proyecto de Presupuesto, que contiene derogaciones y cambios contrarios a la medida. En concreto, la propuesta presupuestaria busca derogar el artículo 7 bis de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fija la actualización mensual y obligatoria de los aranceles a prestadores según el IPC, una contradicción directa con lo acordado junto a referentes oficialistas como Menem, Rodríguez Machado, Bornoroni y Giudici.